Narcotizar ciudadanos

El Senado de la República aprobó nuevas regulaciones para la producción, venta y uso recreativo de la marihuana y sus subproductos. En la práctica, es una “regulación del consumo lúdico” de la marihuana, y que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados.

Para la Iglesia, esta legalización abandona la política de proteger la salud y el bienestar de las mayorías, para satisfacer los intereses de una parte de la población, sin importar la afectación que se pueda causar.

Los Obispos de México piden al Congreso de la Unión, “a que se realice un análisis integral que modifique la iniciativa de modo que se privilegie la salud y la seguridad públicas, y se atienda al bienestar de los ciudadanos y de las familias que se ven afectados por estas y otras sustancias”.

Ante esta aprobación, se señalan varias preocupaciones:

Jalisco es el estado con mayor consumo de drogas ilegales ya que 15% de sus habitantes de 12 a 65 años han consumido alguna, mínimamente en una ocasión, seguido por Quintana Roo con 14% y Baja California con 13%, mientras que el promedio nacional es de 9%.
La Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017 en México, muestra que la edad de inicio de consumo de drogas en hombres es a los 17 años y en mujeres los 18. Y de las personas que ya reconocen una dependencia, solo 20 por ciento acudió a tratamiento.
La encuesta revela que la marihuana es la principal droga ilegal probada y consumida con una prevalencia de consumo de 14% en hombres que alguna vez la han utilizado, y 3% en mujeres.
Por el precario sistema de salud en México, no se tiene una capacidad instalada para atender las adicciones. Si el paquete legislativo no viene acompañado de una política de seguimiento a las adicciones, principalmente en niños y adolescentes, traerá consecuencias graves para la juventud.
Las nuevas realidades a las que nos enfrentaremos por la despenalización de la Cannabis son las siguientes:

La salud y el bien común dejan de constituir un bien prioritario, ya que “importaron más los reclamos de libertad sin responsabilidad de algunos pocos, por encima del bien general de la salud”.
Se observa una política de Estado que ignora al débil y descarta a quienes deberían ser más protegidos. Una cultura de la muerte que golpea el corazón del pueblo al legalizar “a pesar de sus efectos nocivos en las personas y las familias”.
Es necesaria una postura responsable ante esta legalización, ya que la narcotización de los ciudadanos inicia invitándolos a convertirse en productores y consumidores. Se está en la disyuntiva creada por el Estado de ser consumidor del cannabis que destruye la salud, o de tener una oportunidad de negocio poniendo en riesgo a los ciudadanos.
El papa Francisco argumenta que “No es la liberalización del consumo de drogas lo que reduce la propagación y la influencia de esta dependencia; es preciso afrontar los problemas que están en la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes, acompañando a los necesitados y dando esperanza en el futuro, no muerte”.

Con información de ArquiMedios/Editorial

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