Cinco estados –Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz– concentraron la mitad de los actos de violencia relacionados con las recientes elecciones, según datos del informe ACLED (ArmedConflict Location and Event Data). La ONG internacional registró 540 incidentes de violencia contra actores políticos en México, ocurridos entre septiembre de 2023 y junio de 2024, de los cuales 330 ocurrieron en el periodo de campaña (marzo a junio), convirtiendo al pasado proceso electoral como el más violento en la historia del país.
Chiapas aparece en el informe de ACLED como el estado con los niveles más altos de violencia contra figuras políticas durante el proceso electoral, el aumento de la violencia vinculada a la rivalidad entre el CJNG y el cártel de Sinaloa contribuyó a un aumento de más del 90% en la violencia contra figuras políticas en comparación con el ciclo electoral de 2021. Los altos niveles de violencia provocaron la cancelación de la votación en Chicomuselo y Pantelhó.
“Cinco conclusiones clave de las elecciones de 2024 en México” se llama el estudio presentado ayer por ACLED, una organización no gubernamental de carácter internacional, con sede en Estados Unidos, que se especializa en recopilación, análisis y mapeo de datos de conflictos desagregados.
El informe señaló que el proceso estuvo empañado por asesinatos y ataques contra candidatos y otras figuras políticas. ACLED registró más de 330 incidentes de violencia contra figuras políticas durante la campaña electoral, entre el inicio de la campaña federal el primero de marzo y el día de la votación el 2 de junio. Al menos 95 incidentes provocaron una o más muertes.
El nivel de violencia durante esta campaña electoral marca un máximo histórico que eclipsa la violencia registrada en las elecciones generales de 2018 y las federales de 2021, que tuvieron 254 y 257 eventos, respectivamente.
Los elevados niveles de violencia durante el periodo de campaña de 2024 también afectaron a candidatos que no fueron blanco directo de incidentes violentos. Al menos 553 candidatos solicitaron protección estatal tras recibir amenazas, mientras que otros decidieron retirarse de la contienda por amenazas. No obstante, ninguno de los principales candidatos presidenciales ha hecho propuestas sustanciales para abordar esta problemática, advirtió la organización.
Más allá de los ataques directos contra figuras políticas, una porción significativa (30%) de los incidentes se manifestó en disturbios y destrucción de propiedades. Estos eventos estuvieron vinculados a la expresión del descontento público hacia los representantes locales o a rivalidades entre actores políticos rivales. Fueron particularmente prominentes en Chiapas, Puebla e Hidalgo. Estos tres estados son más permeables a las luchas de poder locales y a las disputas electorales debido a los conflictos intercomunitarios preexistentes y a la concentración de poder en manos de agentes del poder local o caciques.
En México el panorama de conflictos está fragmentado, debido a la proliferación de grupos armados no estatales que generan violencia que afecta mayormente a la población civil y deriva en altos niveles de letalidad, señaló Sandra Pellegrini, especialista de ACLED para América Latina.
Por su parte, Tiziano Breda, coordinador asociado de análisis para América Latina, resaltó que el proceso electoral de 2023 – 2024 fue marcado por uno de los más altos niveles de violencia contra figuras políticas registrados desde 2018, en particular contra funcionarios y aspirantes a cargos locales.
Las cinco conclusiones clave que destaca el informe son:
1) Los ataques violentos se cometen principalmente a nivel local: de los 216 eventos contra candidatos, sus seguidores o familiares, más del 80% involucraron a candidaturas para puestos locales.
2) Los perpetradores tratan sin descanso de ejercer presión sobre las autoridades locales: los funcionarios actuales y anteriores que no se postularon para nuevos cargos también fueron blanco en más del 40% delos eventos.
3) La violencia dirigida a figuras políticas ocurre más allá del período de campaña: si bien la violencia se intensifica durante la campaña electoral, comienza a aumentar desde el principio del ciclo electoral y continúa mucho más allá del día de la votación.
4) La competencia entre los grupos del crimen organizado está impulsando gran parte de la violencia: seis de los diez estados que registraron más eventos de violencia contra figuras políticas también están entre los diez más afectados por la violencia del crimen organizado, pero con algunas excepciones notables. De hecho los estados de Jalisco y Sinaloa se encuentran entre los diez estados más afectados por la violencia del crimen organizado, pero no entre los que tienen más eventos de violencia contra figuras políticas.
5) La competencia entre agentes de poder a nivel local también es un generador importante de violencia: los tipos de desorden menos violentos, como disturbios y destrucción de propiedades, constituyen alrededor del 30% de los eventos, lo que muestra que no solo el crimen organizado, sino también las luchas de poder locales y los reclamos comunitarios de irregularidades durante el proceso o el rechazo de los resultados pueden desencadenar violencia contra figuras políticas.
El informe de ACLED advierte que es poco probable que los riesgos para las figuras políticas cesen después de las elecciones. En Guanajuato, por ejemplo, hombres armados atacaron el negocio del alcalde electo de Tarimoro, días después de ganar las elecciones.
Además, los ciclos electorales anteriores sugieren que la violencia no solo seguirá siendo alta al menos hasta las ceremonias de toma de protesta, sino que continuará durante las nuevas administraciones. ACLED registró 210 y 179 eventos en los seis meses posteriores a las elecciones de 2018 y 2021, respectivamente, así como niveles constantes de violencia a lo largo de los años, con un total de casi 3 mil eventos de violencia contra figuras políticas desde que ACLED empezó su cobertura. RDM
