La reforma del poder judicial en el país que será votada en septiembre próximo, va más allá de las controversias prevalecientes que hay entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mayor parte de los once ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular con la presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Son diferencias políticas, jurídicas y personales.
Y aun cuando la ministra Norma Piña ha expresado su acuerdo en la importancia de la reforma del poder judicial de manera impostergable, sus solicitudes de diálogo, han sido infructuosas. El caso es que se propone esencialmente elegir mil 600 cargos judiciales federales mediante voto de la ciudadanía, van ministros de la Corte (incluso reducir de 11 a 9 integrantes); consejeros del Consejo de la Judicatura; magistrados del Tribunal Electoral Federal; magistrados y jueces de distrito.
Con la reducción del tiempo en el encargo, la eliminación de las dos Salas (sus sesiones deberán ser públicas), anulación de la pensión vitalicia y la reducción de salarios. El objetivo más importantes de la Reforma Judicial es tener una impartición de justicia más cercana a las personas, así lo plantea la SCJN, el deseo de superar antiguas barreras como las de procedimientos (para lo cual incorpora la justicia digital), las de lenguaje (por ello se forma a profesionales de la justicia para que dominen diferentes lenguas) o las de conocimiento (con ese propósito, incorpora a juezas y jueces más sensibles a las problemáticas sociales).
El argumento político esencial es que será una manera de sanear de fondo el poder judicial pues el compromiso será con el pueblo y no con camarillas y negociantes inmersos en esa sede.
Por el contrario, diversos sectores estiman que eso supone un mayor riesgo pues pueden llegar a ocupar esos sitios mujeres y hombres sin la suficiente preparación y experiencia adecuadas, con serios riesgos al estado de derecho que se pretende. En cambio insisten en que sea una realidad el servicio civil de carrera y la capacitación permanente.
Es un tema muy complejo ya que la Constitución faculta a la Corte a emitir resoluciones apegadas certeza y seguridad jurídicas en los asuntos que le atañen, como son controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y los amparos en revisión sobre la constitucionalidad de las leyes federales y los tratados internacionales.
Con particularidad pienso que se logrará la aprobación de la reforma judicial, sin embargo debe ser estudiada a profundidad para que los problemas anidados como lo son, la saturación en los juzgados federales y estatales en todas las materias, penal, civil mercantil, laboral, familiar y los intereses que muchas veces prevalecen sobre la aplicación de la justicia, puedan resanarse.
Aparte no estará de más conocer cuántos hombres jueces y cuántas mujeres juezas existen. Estiman en la UNAM que la proporción 78.6% correspondió a hombres y 21.4% a mujeres sólo en el ámbito de jurisdicción federal.
