La reforma al poder judicial y otras que le acompañan serán sujetas a examen legislativo una vez que inicie actividades la Cámara de Diputados el ya inminente septiembre.
Ahora sí que no hay vuelta hacia atrás, por lo que se aprecia.
A solicitud de la presidenta electa Claudia Sheinbaum la referida reforma ya aprobada en comisiones será orden del día del pleno en la sesión tres del mes entrante, un par de días después de instalarse el Congreso.
Con la mayoría legislativa del partido Movimiento de Regeneración Nacional podrá haber diversas precisiones y ajustes, aunque lo esencial es que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular.
Los diputados responderán que ni qué a la confianza que le deben a su partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante las múltiples diferencias que se han planteado desde distintos ámbitos judiciales, empresariales, académicos que favorecen el servicio civil de carrera y hacer otros cambios, ni quien les haga caso.
Más aún, los mismos gobiernos de Estados Unidos y Canadá vía sus respectivos embajadores consideran que aprobar la reforma judicial es un riesgo a la democracia, a los intereses empresariales y a la misma justicia, pero ni eso ha hecho mella en la clara intención de los diputados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no cede un milímetro a reformas que considera soberanas e independientes y en consecuencia hizo lo que denomina pausa en la relación con esos dos embajadores, a sabiendas que ambos sólo responden a sus obligaciones como tales pero en tanto, pausa, y que él no se anda metido en sus políticas respectivas.
El caso es que los ánimos están muy acelerados mientras casi 55 mil empleados del Poder Judicial de la Federación están en paro y sólo atienden casos urgentes.
Razones de ambas partes las hay, solamente se espera que la división de poderes en un país democrático se salvaguarden en esta reforma judicial y las otras que han causado también muchas diferencias.
