En septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
De lo que se trata es de transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo, como se refiere en el documento: La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe, de la CEPAL.
Los 193 Estados Miembros que la suscribieron hicieron el compromiso de tomarla como una guía de referencia para el trabajo de la institución en la búsqueda de una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental durante 15 años, de los cuales ya han transcurrido nueve y solo restan seis.
La Agenda plantea 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Del 1 al 17, en orden de importancia, los objetivos son: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos.
Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países.
De acuerdo con la resolución, la estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante el periodo de 2015 a 2030, y al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
Sobre qué tanto se ha avanzado en su cumplimiento, bastaría con echarle un vistazo a las metas ambiciosas enunciadas en la resolución, en la que los países se dijeron resueltos “a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.
Está claro que falta mucho por hacer. Sobre todo en una región como América Latina y el Caribe, donde hay temas que son prioritarios, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.
En el caso de México, sin duda se han realizado avances importantes en la dirección correcta para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030; sin embargo, no ha sido suficiente, pues los desafíos son grandes.
Por un lado, se requiere llevar al nivel de ley tanto a nivel federal como en los estados la inclusión de los objetivos de la Agenda, y traducirlos en políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.
Por el otro, es necesario involucrar a todos los sectores, gobierno, sociedad civil, universidades y al sector privado a apropiarse de la Agenda como una herramienta para la creación de sociedades inclusivas y justas, al servicio de las personas de hoy y de las futuras generaciones, como bien lo escribió Alicia Bárcena, entonces Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, actual Secretaria de Relaciones Exteriores de México y futura Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum.
