Hace 71 años, el 17 de octubre de 1953, se reconoció el derecho de ciudadanía de las mujeres y ha pasado una década desde que la reforma constitucional de 2014 que reconoció la paridad de género en el poder legislativo. Se han registrado grandes avances, incluso ya tenemos una presidenta de la República y varias gobernadoras y sin embargo, las mujeres siguen marginadas y son víctimas de violencia política en muchos municipios del país.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), desde abril de 2020 hasta la fecha, se han registrado 381 denuncias o quejas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. De estas denuncias, 334 han sido sancionadas, registrándose los principales casos en los estados de Oaxaca (135) que encabeza la lista, Veracruz (46), Tabasco (31), Chiapas (22) y Quintana Roo (14).
La mayor parte de estos casos han sido atendidos por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya presidenta es la magistrada Eva Barrientos Zepeda, quien recientemente fue entrevistada en las instalaciones del diario Ultimátum, en Tuxtla Gutiérrez, con motivo de la presentación del libro “Democracia Plebiscitaria y Estado de Derecho” del doctor Oswaldo Chacón.
La doctora Chacón lamentó que la mayoría de los casos de violencia política contra las mujeres ocurre en el ámbito municipal y la ha tocado sancionarlos a la Sala Xalapa ya que, de las cinco circunscripciones del TEPJF, ésta es la que atiende una zona donde se concentra el mayor número de municipios indígenas y más pobres del país.
En los pueblos indígenas – explicó – hay arraigadas muchas costumbres en donde no se le permite a la mujer participar para un cargo de elección popular pero con previo permiso del marido, del padre o del hermano. Y si la mujer llega al cargo, no dejan que lo ejerza; quienes lo hacen son los varones.
Han ocurrido algunos casos en donde las mujeres han sido valientes, se han atrevido a ejercer el cargo, pero no las han dejado. En Chiapas, por ejemplo, se han tenido que emitir medidas de protección ya que se ha llegado al extremo de que las mujeres son amenazadas con ser quemadas o las amarran enfrente del palacio municipal. Hubo un caso, recordó Barrientos, en donde desterraron a una mujer por querer ejercer su cargo de síndica municipal.
Ante estos lamentables casos, la magistrada Barrientos Zepeda ha convocado a los representantes de los partidos políticos para que también registren cuotas de mujeres indígenas y subrayó que esas instituciones políticas deben cuidar que no se violente a las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas.
“Nosotras como juzgadoras y juzgadores debemos de tener esa perspectiva de género y de interculturalidad para juzgar de manera justa; también tenemos el deber de prevenir y erradicar la violencia política de las mujeres, y con mayor fortaleza hacia las mujeres indígenas”, puntualizó la doctora Barrientos Zepeda. RDM
