Octubre se fue cual vendaval: desde el día uno llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo con enormes expectativas, una es la reforma judicial que trae al país de un lado a otro: ocho ministros (de 11) de la Suprema Corte presentaron dimisión a sus cargos por no estar de acuerdo ni con ni con el ejecutivo ni con el legislativo ni con tales cambios constitucionales al finalizar el mes.
Se veían venir las inevitables confrontaciones pues la referida reforma judicial trajo consigo otras modificaciones que le dan inamovilidad a uno de sus puntos centrales: decidir mediante voto abierto de la sociedad quienes serán ministros, magistrados y jueces, todo inmerso en un paro de actividades que lleva por cierto más de 60 días y que sólo atiende casos urgentes, principalmente los de orden penal.
Los cambios constitucionales excluyen incluso el recurso de amparo, norma que por muchos años se ha utilizado contra excesos del poder pero que lamentablemente también ha sido servido para protección a intereses contrarios a la propia sociedad, pero, aunque subsiste, si está inhabilitado para los efectos de la controvertida reforma judicial.
En tanto y vale referir a los renunciantes no sólo a la Corte sino a las profundas diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum quien ha defendido los cambios aprobados por el Congreso de la Unión contra viento y marea, bajo el argumento que cuentan con el respaldo de la mayoría de la población que emitió su voto por ella y por los legisladores de su partido, Morena, y aliados del Verde Ecologista y del Trabajo e incluso un panista que hicieron posible los cambios iniciales y los posteriores de supremacía constitucional inalterable.
Ellos son, para que no se olviden, pero eso sí, hasta agosto de 2025 y en tanto ven sus liquidaciones: la presidenta Norma Piña Hernández y sus pares Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Láynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y Ana Margarita Ríos Farjat.
Se quedan tres: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, afines al régimen morenista que de una u otra manera se supone serán aspirantes a seguir en la primera remesa electiva en junio entrante.
Como es sabido las respuestas en el Congreso de la Unión e incluso en algunos estatales que ratificaron las modificaciones constitucionales y que permitieron la publicación en el Diario Oficial de la Federación, a favor y en contra, vaya que han orillado a confrontaciones e incluso del extranjero ha ocurrido lo propio en distintos foros.
Como sea los tres poderes de la unión ya han elegido sus comités de evaluación que harán las propuestas correspondientes para elegir a casi mil 1800 ministros, magistrados y jueces en junio entrante.
Así que interesante es, que ni qué.
ATRAQUES
- De que la reforma judicial era más que necesaria ni qué decir, irregularidades y aciertos incluidos. Nunca se prepararon para un cambio de tal magnitud. Hay eso sí, personas muy valiosas.
- Sea como sea la primera fase de elección de nuevos funcionarios judiciales federales que prepara el Instituto Nacional Electoral será de 13 mil millones de pesos y contando. Equivalen a unos 26 puentes suponiendo el costo de a 500 millones cada uno.
- Se supone que en 2027 viene la segunda parte de elecciones semejantes, así que hay que hacer más números. La pregunta es si se pudiera votar ¿vía electrónica?, como se hace en muchas otras partes del orbe.
- Y las Fiscalías de todo el país ¿para cuándo? Allí urge capacitación, servicio civil de carrera y compromiso.
- Mucho de ellos requiere una nación con estado de derecho urgente como México.
