El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció con 8 votos a favor que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sí cuentan con legitimidad jurídica para impugnar la reforma judicial, a través de la acción de inconstitucionalidad.
La SCJN concluyó este martes 5 de noviembre, que los partidos políticos nacionales sí tienen legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial.
La mayoría calificada de ocho ministros a favor y tres en contra, la Corte Suprema ha aprobado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) podrán realizar modificaciones y cuestionamientos a la reforma en cuestión.
Ministros que votaron en contra
Los ministros que se mantuvieron en contra de que los partidos políticos puedan impugnar la Reforma Judicial fueron: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
Ministros que votaron a favor
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Luis María Aguilar Morales
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Margarita Ríos Farjat
Javier Laynez Potisek
Norma Piña
Alberto Pérez Dayán
El proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, argumentaba que la SCJN es competente para conocer y resolver este tipo de impugnaciones cuando se cuestiona la constitucionalidad de normas generales.
Con esta resolución, los partidos políticos ganan una herramienta clave para influir en el marco jurídico y proteger los principios constitucionales que, a su juicio, podrían verse comprometidos.
Ante la aprobación de la consulta, la ministra presidenta Piña Hernández tendrá la facultad de decidir si concede una suspensión que podría parar la implementación de la reforma hasta que se emita una sentencia definitiva.
Este proceso permitiría abrir la puerta a un análisis profundo y a un eventual control constitucional sobre la reforma, lo que podría marcar un precedente en la manera en que el Poder Judicial protege su autonomía frente a las decisiones del Congreso y el Ejecutivo.