Por alguna razón, y se dice que pudo haber venido desde la misma presidencia de la República, la discusión para abrogar el delito de aborto del Código Penal de la Ciudad de México, fue postergada ante el descontento de las activistas y feministas radicales que daban por hecho la consumación de este delito que quiere implantarse como aparente derecho.
Como se ha descrito, abrogarlo de la ley penal sustantiva abre posibilidades espeluznantes: tolerar el aborto incluso hasta las últimas semanas de gestación cuando un ser humano en el vientre materno tiene todas las capacidades y autonomía para vivir fuera, por sí mismo.
Se nos ha querido vender el aborto como un derecho que confirma la decisión de las mujeres para ser madres o tener plena potestad sobres sus cuerpos y en uso de sus derechos sexuales y reproductivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal vez por esas decisiones aberrantes ahora esté pagando este pecado con el precio de su propia existencia, ha declarado que el delito de aborto tipificado en los códigos penales locales contradicen la norma fundamental, es decir, son “inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”.
Pero en el fondo, el aborto es un lucrativo negocio que llena los bolsillos de avariciosas y mezquinas organizaciones. Se le ha definido como “industria” y muchos médicos son objetores de conciencia, no por implicaciones religiosas o convicciones personales, sino que ven en este crimen legal un dilema en la práctica profesional y con el hecho de que la vida es tratada como mercancía.
En México, no hay cifras transparentes que nos permitan saber cuáles son los beneficios monetarios que genera, pero en Europa aporta indecentes y repulsivas ganancias. Un aborto realizado hasta las doce semanas con anestesia local puede rondar en los 345 euros (Unos 7 mil 400 pesos) y si se hace entre las 21 o 22 semanas, equivalentes a cinco meses de embarazo, podría elevarse hasta en 1655 euros (Unos 35 mil 800 pesos).
En torno a este duro y difícil debate, los obispos de México emitieron un mensaje pastoral en el que asientan necesidades ineludibles. No sólo confirman la sacralidad de la vida, llaman a realizar acciones urgentes como acompañar a las mujeres que consideren el aborto y el fortalecimiento de la cultura de la vida “que supere toda forma de violencia contra los más vulnerables y fomente el desarrollo de una sociedad madura que reconoce, ama y sirve a la vida humana en todas sus etapas”.
No sobra razón a los obispos; sin embargo, un mensaje también debió decir las implicaciones sobrenaturales que conlleva este delito y las consecuencias que trae aparejados: La excomunión. Una industria, la cuarta más lucrativa, sólo por detrás del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, tiene implicaciones muy graves que claman en el cielo y en la tierra. Hoy, una generación está creciendo con una idea horrenda implantada en su conciencia: Que el aborto es un prodigio medicinal que alivia de “indeseables” embarazos. Y de eso, nadie ha querido hablar.
Oscar Rivera Óvula, secretario general del SETSE
El profesor Oscar Rivera Óvula fue electo secretario Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), para el periodo 2024-2028, sucediendo en el