La elección de Namiko Matzumoto Benítez como ombudsman de Veracruz es una decisión poco asertiva por parte del Congreso local. Es seguir con una política de opacidad y desvinculación entre la sociedad civil y la clase gobernante de en la entidad. Es, en resumen, la ausencia del árbitro que garantice la defensa de unos y que avale en la medida de lo posible, el buen o mal actuar de quienes nos gobiernan. Es decir, la carencia del termómetro que regule una sana colectividad estatal.
Namiko Matzumoto llegó al cargo en el último año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, después de pasar una temporada por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), donde su desempeño no convenció a nadie, pues fue justamente ese sexenio uno de los más difíciles y agresivos con los comunicadores.
Paradójicamente, su nombramiento al frente de la CEDH fue una especie de pago del Duartismo por su trabajo de contención a las protestas por los ataques a la libertad de expresión.
Luego se mantuvo en el tránsito del bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares y sobrevivió a los primeros dos años del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acercándose a los colectivos de búsqueda de desaparecidos, pero a costa de otros sectores que han denunciado públicamente su falta de interés por atenderlos.
Familiares de niños enfermos de cáncer o de mujeres víctimas de feminicidio, la comunidad lésbico gay que le ha dado seguimiento a los crímenes de odio, o los enfermos de VIH que han denunciado la falta de medicamentos, entre otros, han señalado que la presidenta de la CEDH ha sido por lo menos omisa frente a la compleja problemática que enfrentan.
Y si bien es cierto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos carece de fuerza vinculatoria para resarcir los derechos de los grupos vulnerables que son violentados de manera sistemática por dependencias y organismos públicos, su trabajo de acompañamiento a las víctimas permitiría al menos visibilizar esa problemática para evitar que las violaciones queden en la opacidad.
Algo que Namiko Matzumoto se ha negado a realizar con diversos grupos vulnerables cuando sus demandas resultan incómodas para el poder.
Entre la lista de 13 aspirantes que se inscribieron para participar en el proceso de renovación de la CEDH había profesionales del derecho con una sólida formación académica y experiencia laboral, al igual que burócratas –como Namiko– que también sirvieron a cuestionados gobiernos anteriores.
Entre otros, podría citarse al actual Fiscal Especial en Delitos Electorales y en Delitos que Involucran a Periodistas o Comunicadores del Estado, Lauro Ramos Olmos; a Gabriela Rodríguez, ex directora Jurídica de Espacios Educativos; al ex director de Orientación y Quejas de la CEDH, José Luis Francisco Sáenz Álvarez; al investigador y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Zósimo Hernández Ramírez; a Irvin Uriel López Bonilla, catedrático de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz; a la doctora Itzel Jurado Ortiz, abogada de propietarios de terrenos en conflicto en la Sierra Alta en el municipio de Coatepec o al doctor en Derecho José Hernández Hernández quien fungió como secretario auxiliar del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para el proceso electoral 2017-2018, de agentes y subagentes municipales.
No obstante, en la decisión de reelegir a la titular de la CEDH para un segundo periodo, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, optaron por un perfil conocido, para quedar bien con los colectivos de búsqueda, aunque no fuera el mejor.
Su designación define el bajo perfil de los derechos humanos en Veracruz.
