Compensaciones en tiempos de austeridad: doble discurso

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Recientemente la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, dio a conocer que por acuerdo del Pleno de ese organismo los actuales comisionados renunciaron a todo tipo de compensaciones que sí cobraron sus antecesores.

Citó por ejemplo, que los anteriores comisionados cobraban una compensación bimestral por un monto de 90 mil pesos, más otra de carácter semestral también por 90 mil pesos, a las cuales renunciaron los nuevos comisionados, de tal modo que hoy su salario neto es de 58 mil 396 pesos mensuales, sin percibir ningún tipo de bono adicional.

La información de la comisionada Presidenta del IVAI es importante porque sienta un precedente en la administración pública estatal y pone el ejemplo, en su calidad de responsable de la transparencia y del acceso a la información, a todas y cada una de las dependencias, instituciones y poderes del Gobierno del Estado.

Por un lado, para que todos contribuyan a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y den a conocer las percepciones salariales de los funcionarios y, por otro, para que de igual forma renuncien al esquema de compensaciones que constituye en los hechos una doble nómina con cargo al erario púbico.

Es decir, como el buen juez por su casa empieza, el IVAI no solo hizo pública la información relativa al tabulador salarial de sus funcionarios sino que, además, los tres comisionados acordaron renunciar a las compensaciones extraordinarias.

Y en ese sentido, habría que preguntarse cuántas y cuáles de las dependencias del Gobierno Estatal, de los 212 Ayuntamientos, y de los Poderes Legislativo y Judicial estarían dispuestos a seguir el ejemplo del IVAI para hacer públicas, primero, las percepciones salariales reales de sus funcionarios, incluyendo los montos del salario y de las compensaciones, sobre todo en aquellas dependencias cuyo presupuesto es muy elevado, como la SEV, Salud, Finanzas o Seguridad Pública, por citar algunas.

En segundo lugar, habría que ver si los servidores públicos de los 212 Ayuntamientos y de los tres poderes del estado que cobran un sueldo del presupuesto público, estarían dispuestos a renunciar al privilegio de las compensaciones y sujetarse de manera estricta a una política de austeridad republicana en materia salarial.

Y es que una cosa han sido los decretos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo, que regulan los salarios en las dependencias del Gobierno Estatal, y otra la forma discrecional en que suelen manejarse los Ayuntamientos, organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial del Estado.

Hoy el Instituto garante de la transparencia y acceso a la información ha dado el primer paso en el sentido correcto, para combatir los privilegios y abusos en el manejo de los presupuestos por parte de los servidores públicos, pues el pago de compensaciones y dobles nóminas va a contracorriente de la política de austeridad y de algún modo contribuye a la corrupción.

Lo ideal sería que todas las dependencias del Estado se ajustaran a criterios de transparencia y honestidad en materia salarial, suprimiendo las compensaciones, bajo el principio de que las buenas prácticas en el servicio público deben replicarse y convertirse en ley.

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