Veracruz, un estado fallido ante desapariciones y ejecuciones

0
  • Rosarios de denuncias contra oficiales de Fuerza Civil
  • A un año de la agresión a 6 comunicadores, no hay castigo
  • Pobladores temen a los uniformados
  • Políticos analizan pedir intervención de la Federación

Ante la ola de violencia que se vive en la entidad veracruzana, diversos actores políticos piden al gobernador Cuitláhuac García Jiménez analizar la permanencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ante los señalamientos y actos de sus elementos y de la Fuerza Civil por cometer abusos y atropellos en varios municipios.

Los crímenes violentos siguen marcando la administración de Cuitláhuac García Jiménez, mientras que éste continúa simulando que en Veracruz no pasa nada, se enfrasca en pleitos con alcaldes y relega obligaciones al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

La violencia escala en los 212 municipios sin que exista alguna estrategia real, simulando el combate a grupos delictivos, los uniformados al mando de Hugo Gutiérrez Maldonado realizan operativos que resultan ser allanamientos plagados de antiguos vicios; desde el abuso policial, golpes, robo y ultrajes a civiles, así marca presencia la Fuerza Civil en los municipios.

Con grabaciones han sido exhibidos los uniformados, allanando desde una papelería hasta la muerte de personas inocentes que se cruzaron en su camino, muertes que continúan impunes, ya que no existe seguimiento a la investigación de las denuncias contra estos elementos.

La complicidad entre la Fiscalía y el gobierno cada día aumenta y dejan al descubierto la falta de justicia en Veracruz, desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, se comenzaron a documentar las denuncias contra los elementos de Fuerza Civil. Fue en el municipio de Actopan en donde una familia con nacionalidad americana vivió una terrible Navidad, golpeados y privados de su libertad fueron liberados tras la intervención del consulado americano.

Otro caso más fue en los municipios de Tlalixcoyan en donde tres mujeres y tres hombres fueron privados de la libertad por elementos de Fuerza Civil, entre las mujeres se encontraba una maestra la cual relató ante el ministerio público los maltratos y vejaciones que sufrió por parte de los uniformados, en donde salió a relucir una violación multitudinaria.

Un caso similar ocurrió en la zona centro cuando un profesor originario de Orizaba fue intervenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales golpearon y humillaron al profesor, no conforme fue violado con un objeto; tras ser liberado denunció el hecho y días después recibió amenazas que le advertían que su vida corría peligro, la denuncia fue archivada y ningún elemento fue presentado ante la justicia.

En la zona sur del estado, un repartidor denunció un caso similar. El joven fue privado de su libertad y abusado sexualmente, este hecho derivó en una manifestación en el municipio de Ciudad Isla, la enardecida población exigía la salida de la Fuerza Civil, como respuesta hubo un violento desalojo en donde los elementos dispararon contra los manifestantes y golpearon a comunicadores, pese a las evidencias gráficas los policías salieron impunes.

Cabe señalar que hasta el momento ya ha pasado un año de la agresión contra los comunicadores donde todavía no hay justicia.

Además, unas 13 personas fueron detenidas y acusadas del delito de terrorismo por el gobierno de Cuitláhuac García, quienes hasta el momento siguen en prisión esperando un juicio justo.

Estos atropellos por parte de la Fuerza Civil se dan también en la comunidades de los municipios de Azueta, como por ejemplo la ejecución de una varón en Cujuliapan.

En aquella vez las autoridades dieron a conocer la detención de Pio “N”, Arturo “N”, Abraham “N” e Isabel “N”, a quienes les aseguraron droga, armas de fuego, cartuchos, cargadores y armas blancas, así como una camioneta Pick Up, situación que fue desmentida por la esposa a la que golpearon salvajemente, la cual comentó que a su esposo lo sacaron de su domicilio junto con su hijo, prueba de todo esto fue exhibido en fotografías.

Los comunidades de Tesechoacán, Cujuliapan y El Aguacate, se han convertido en una zona de miedo para los habitantes, ya que en lugar de que las autoridades otorguen seguridad, son ellos mismo los que imprimen terror entre los ciudadanos.

Las desapariciones son parte de las denuncias que se han recolectado contra los uniformados; pues se han registrado una serie de abusos y atropellos en municipios de la conocida zona Llanos del Sotavento, confirmado en el corredor José Azueta, Isla, Juan Rodríguez Clara y Playa Vicente, donde suscitaron y denunciaron diversos operativos policíacos; los denunciantes señalaron desde haber recibido golpes y amenazas y hasta el robo de pertenencias ropa, dinero y electrodomésticos.

Sumando más de 20 denuncias contra servidores públicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha iniciado múltiples carpetas contra los elementos de Seguridad Pública Estatal, su titular Hugo Gutiérrez Maldonado ha replicado mediante comunicados que se investigará y aplicará castigo a los uniformados sin que estos hasta el momento hayan sido presentados ante un juez.

Así pues, la incursión de elementos de Seguridad Pública en las comandancias municipales ha servido a temas políticos, como lo fue el caso de Álamo y últimamente Orizaba, en donde las administración está encabezada por gobiernos del PAN y PRI. Es de resaltar que durante 2020, elementos de Fuerza Civil adscritos al municipio de Paso del Macho, fueron intervenidos por pertenecer supuestamente a un grupo delictivo, mismos que realizaron una serie de crímenes violentos en esa zona cañería. Presentados ante la justicia, familiares de las víctimas continúan a la espera de justicia.

Un analista en seguridad señala que la violencia en la administración de García Jiménez escala con facilidad, la corrupción en mandos policiales cada vez se vuelve más visible ocasionando que al buscar ejercer presión con operativos, los resultados sean contraproducentes y deriven en operativos fallidos que conllevan a exhibir los abusos de los uniformados.

Los crímenes políticos y de funcionarios son otro aliciente para analizar la permanencia de Gutiérrez Maldonado, ya que un conteo en medios de comunicación establece que serían más de 20 crímenes en donde exalcaldes, funcionarios o aspirantes a participar para las elecciones locales, fueron privados de la vida.

El último caso fue el doble homicidio registrado en Cosoleacaque, donde Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas de forma brutal, sin investigación sustentable, el gobernador se apresuró a decir que grupos de cacicazgo buscan dañar su gobierno y serían los responsables de esas muertes. Pero hasta la fecha no hay una línea de investigación que dé tranquilidad a la sociedad veracruzana que demuestre que las autoridades trabajan en la procuración de seguridad y justicia.

Parece que no hay culpables de todos los delitos y violencia que se registran en todo Veracruz; un estado fallido del gobierno de Cuitláhuac: peor o igual que el de Javier Duarte.

Los ciudadanos tienen más miedo a las autoridades que al crimen organizado ya que las denuncias contra los elementos de Fuerza Civil ha crecido en todo el estado jarocho. Y a pesar de todas las denuncias contra los elementos, el gobernador de la Cuarta Trasformación hace oídos sordos ante la población afectada.

0

También te podría gustar...

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: