Este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ejerciendo como dijo sus facultades como presidente y sus libertades como ciudadano, envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar denunciando la suspensión de la Reforma Eléctrica recientemente aprobada en el Congreso y el Senado.
En reacción a la suspensión concedida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, a un quejoso que interpuso un amparo en contra de tal disposición, el presidente López Obrador pide al presidente del Consejo de la Judicatura un informe sobre la competencia de la autoridad judicial para resolver sobre el caso.
Además, solicita se investigue la actuación del juez Gómez Fierro, dejando entrever que podría haber sido presionado por personas, organizaciones y empresas con intereses económicos y políticos, acostumbrados a actuar mediante la corrupción y el influyentísimo, afectando la hacienda pública. Concretamente se refiere el presidente a la empresa española Iberdrola.
Entre otros conceptos considerados por el presidente de México en su misiva al presiente de la Corte, a manera de conclusión afirmó que “Así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.
Llaman la atención las suspensiones provisionales otorgadas por los jueces contra la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aunque estén basadas en el Estado de Derecho.
Esta suspensión provisional se basa en tratar de no favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no perjudicar a los demás participantes que compiten y a los consumidores finales.
Como aducen los especialistas, existe un mercado mayorista especulativos en evidente perjuicio de los consumidores finales, donde se paga a todos los generadores un precio marginal del mayor costo de la última planta que se conecta cada hora. Actualmente los auto abastecedores con socios simulados de empresas privadas son despachados prioritariamente en perjuicio de la CFE.
LOS GENERADORES DE ENERGÍA INTERMITENTE EÓLICA Y FOTOVOLTAICA
Actualmente éstos son despachados prioritariamente con costo variable CERO, sin considerar su costo de inversión, también en perjuicio de la CFE. Requieren de respaldo de generación convencional de CFE y no pagan nada por ello. Además, a los particulares se les permite especular con certificados de energía limpia, y pretenden manipular los precios en el mercado spot, en perjuicio también de la CFE y de los consumidores finales.
Y al haberse autorizado capacidades excedentes de generación sin ubicar las plantas convenientemente, arriesgan la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, y por ende la seguridad nacional.
En fin, habrá que esperar el desenlace, pues no hay que olvidar que esta es nada más una suspensión provisional, más no la resolución definitiva. A ver qué le responde la Suprema Corte al presidente de la República.
