El INE no va a retirar los registros de 26 candidatos a jueces y magistrados, quienes no tuvieron calificaciones necesarias para postularse a las elecciones o han sido señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Así lo acordaron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al desechar hoy la petición de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna –presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente–.
EL acuerdo se dio durante la sesión del Consejo General del INE, en la que los consejeros se quejaron airadamente por el conjunto de inconsistencias legales en las peticiones de Noroña y Gutiérrez.
Entre ellas está el hecho de que el organismo autónomo no tiene facultades para poner o quitar las candidaturas a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, y que el Senado está formalmente impedido para “pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad de las postulaciones”.
Consejeros recordaron que los perfiles de los candidatos fueron aprobados por los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyos integrantes tenían la responsabilidad de asegurarse de que los candidatos cumplían con los requisitos.
“En su momento, muchísimas personas juzgadoras estuvieron alertando que no se estaba haciendo una revisión de la idoneidad de los perfiles que se estaban presentando y ahora vemos que tenían razón”, dijo la consejera Dania Ravel.
Tras la publicación de notas periodísticas que señalaron los perfiles de algunos candidatos –incluyendo Fernando Escamilla, quien ha sido abogado del “Z40”, un líder de Los Zetas–, Noroña y Gutiérrez pidieron al INE retirar las candidaturas de ocho aspirantes, quienes no pudieron acreditar su promedio de ocho puntos en la licenciatura; de ellos, siete fueron aprobados por el comité de selección del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo.
Los políticos pidieron eliminar a otros 18 candidatos, quienes han sido investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) o están señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La mitad de los candidatos fue validada por el comité del Poder Ejecutivo, otros cinco fueron aprobados por el comité del Poder Legislativo, y cuatro más lo fueron por el comité del Poder Judicial.
“Si no hicieron su trabajo, ¿en qué situación estamos ahora? Nos llegan documentos que tienen que ver, no solo con el requisito de buena reputación, sino también con promedios para poder participar y con otras circunstancias que necesariamente tuvieron que ser evaluadas por los poderes”, deploró la consejera Claudia Zavala.
«Se pretende que el INE asuma la responsabilidad de cancelar estas candidaturas, sin que tengamos atribuciones constitucionales o legales para ello”, lamentó Ravel, quien recalcó que “tampoco los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados tienen la atribución de solicitar la cancelación de las candidaturas.”
En su resolución, el INE declaró improcedente la revisión de los requisitos de elegibilidad, pero pidió al Senado y a la Cámara de Diputados que le entregue información sobre las candidaturas cuestionadas para negarles la constancia de elección en caso de que ganen en las urnas el próximo 1 de junio.
“La solicitud a la que hoy respondemos nos pide realizar acciones para las cuales, ni la ley, ni la Constitución nos facultan”, precisó el consejero Uuc-kib Espadas.