Decía el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de la Cuarta Transformación, que en tiempos electorales abundan los zopilotes que como todos sabemos vuelan en círculos buscando carroña.
Se refería a la vieja práctica de los políticos de lanzar ataques a diestra y siniestra en contra de sus adversarios, con la premisa de que lo que no mancha, tizna. “Calumnia que algo queda”, es la consigna; todo, con la finalidad de llevar agua a su molino y pegarle a los contrarios.
Quienes han estado en el ejercicio del poder, saben que el poder desgasta, que la toma de decisiones en beneficio colectivo implica, generalmente, afectar intereses de grupo o de partido, y en tiempos electorales estos son los que se conducen como una parvada de zopilotes.
Tal es el caso de las dirigencias nacional y estatal del Partido Acción Nacional (PAN), que en una burda campaña electorera, de oportunismo y politiquería, piden la destitución del director de CENAGAS y exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, decisión que recae única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones de la titular del Poder Ejecutivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que, erigidos en una especie de tribunal de la Santa Inquisición, los representantes de la más rancia derecha ideológica y electoral del país, como Jorge Romero y Mariana Gómez del Campo, entre otros adalides del oscurantismo político, con su ya clásica doble moral, no solo pretenden saltarse el proceso de revisión y solventación de la Auditoría Superior de la Federación sino que, como auténticos torquemadas del Medioevo, ya juzgaron y condenaron al ex gobernador morenista, al que pretenden quemar en leña verde.
Dándose golpes de pecho los panistas ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, tratando de tender una cortina de humo. Solo hay que recordar que en el caso de Veracruz, los puritanos integrantes de Acción Nacional no están libres de pecado, pues ahí están las denuncias de la Auditoría Superior por el millonario fraude del sistema de videovigilancia cometido en el bienio del ex gobernador –entonces panista – Miguel Ángel Yunes Linares.
Un sistema de videovigilancia que nunca funcionó y por el cual se pagaron más de mil millones de pesos.
Así que si Mariana Gómez del Campo realmente quiere que no quede impune “lo que ha golpeado duramente a Veracruz”, pues debería comenzar por exigir que se castigue a los responsables del fraude de las videocámaras, orquestado por un gobierno que en su momento representaba a las siglas de su partido.
También harían bien los panistas Jorge Romero y Gómez del Campo en denunciar el historial de abusos de su candidata a la alcaldía de Veracruz, Indira Rosales San Román, a quien a su paso como secretaria de SEDESOL estatal se le detectaron graves daños patrimoniales y encubrimientos familiares.
Entre otros, un daño patrimonial de 477 millones de pesos relacionado con la compra de despensas a sobrecosto en tiendas de conveniencia, un gasto de 20 millones de pesos en telefonía celular y la mala ejecución del programa de Cuartos Dormitorio, con un daño adicional de 34 millones.
También habría que recordar que tres colaboradores directos de Indira Rosales fueron inhabilitados por 10 años, mientras que ella fue removida del cargo antes de concluir su gestión, protegida con fuero y premiada con una senaduría, con lo cual sus promotores entonces panistas le compraron impunidad para eximirla de rendir cuentas, pese a que fue denunciada 18 veces por el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS.
¿Combate frontal a la corrupción? Así el doble discurso de la parvada de zopilotes azules.