SantiagoTuxtla, Ver. – La presidenta municipal Brianda Kristel Hernández Topete vuelve a quedar exhibida por su irresponsabilidad y falta de compromiso con los agentes y subagentes municipales. Hoy, de manera prepotente y desinteresada, dejó plantados a los representantes comunitarios en la Sala de Cabildos, bajo el pretexto de “tener otros compromisos más importantes”.
El problema no es menor: el adeudo económico por falta de pagos podría superar los 12 millones de pesos, incumpliendo con sentencias firmes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) en los juicios TEV-JDC-137/2025 y TEV-JDC-53/2025.
Los agentes municipales denunciaron públicamente que no han recibido sus remuneraciones correspondientes a 2024 y 2025, a pesar de que el Tribunal ya ordenó que se cubran de manera inmediata.
El #TEV determinó que la alcaldesa está obligada a pagar salarios conforme al mínimo vigente:
2024: $7,467 pesos mensuales.
2025: $8,364 pesos mensuales.
Esto significa que cada agente acumula un adeudo de más de $120,000 pesos, sumando millones de pesos que el Ayuntamiento mantiene sin pagar.
Desacato y burla a la ley
La actitud de la alcaldesa Hernández Topete representa un grave desacato a la autoridad judicial, una burla a la legalidad y un atropello a los derechos político-electorales y laborales de los agentes municipales.
Exigen intervención inmediata.
Los representantes comunitarios hicieron un enérgico llamado a:
** La Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
** La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.
** El Congreso del Estado.
** El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para que intervengan de manera urgente y obliguen a la alcaldesa a cumplir con la ley.
“No pedimos un favor, exigimos lo que nos corresponde por derecho y que ya ha sido reconocido en tribunales. No vamos a permitir más burlas ni impunidad”, señalaron los agentes municipales.
Con este nuevo episodio, Kristel Hernández Topete queda nuevamente exhibida como una autoridad incapaz de cumplir con la ley, marcada por el desdén hacia la ciudadanía y el abuso de poder que mantiene en crisis al municipio de Santiago Tuxtla.