Solo que no quieran y se hagan de la vista gorda para evitarse problemas, o por conveniencia, pero los próximos presidentes municipales de los 212 municipios veracruzanos, sin ser la excepción los 5 de esta región, y en específico La Antigua, al iniciar su periodo de gobierno el 1 de enero próximo se enfrentarán a un problema cada vez más visible y preocupante, el desmedido crecimiento e invasión de espacios públicos y áreas verdes.
Más que notorio es, cómo la invasión de espacios públicos destinados al libre tránsito y a las áreas verdes causa problemas de peligro e inseguridad, toda vez que lo que antaño fueron banquetas despejadas, camellones arbolados o pequeños parques vecinales, hoy en muchos casos se encuentran ocupados por comerciantes ambulantes, construcciones irregulares, vehículos estacionados de talleres mecánicos que ensucian de grasas y aceites los pavimentos, o incluso por particulares que cercan espacios como si fueran parte de su propiedad.
Hasta donde se sabe, existe el reglamento o bando de policía y buen gobierno; la ley de desarrollo urbano; de catastro; de protección civil, de tránsito y seguridad vial; etcétera, etc. pero éstas y todas las que pudieran seguir surgiendo pasan a ser letra muerta porque no se cumplen. Y creemos que no se cumplen por miedo al costo político o posibles escándalos y manifestaciones frente a palacio.
Vecinos denuncian contínuamente que la falta de vigilancia y la permisividad de algunas autoridades municipales han propiciado que estos espacios que pertenecen a todos vengan a ser apropiados de manera indebida. Las banquetas o andadores se construyen para caminar, pero ahora las personas tienen que bajarse a la calle porque tales espacios están llenos de puestos ambulantes semifijos, carros descompuestos de algún maistro mecánico, o de plano carro viejos “macetas”que ahí abandonan en plena vía pública sus dueños.
Y en el caso de las áreas verdes, la situación no es distinta. Algunos parques y camellones han sido reducidos o invadidos para ampliar estacionamientos, colocar negocios o construir viviendas irregulares. Además del impacto visual y urbano, esta práctica representa un daño ambiental, pues reduce los espacios de recreación y los pulmones naturales de las ciudades.
El 1 de enero de 2026 estarán estrenándose y despachando las nuevas autoridades municipales, y creemos que deberán poner especial atención a esta problemática, pidiéndoles alcaldes a sus ediles sean vigilantes permanentes de los directores de área, respectivos al tema, para que estos se pongan a devengar su sueldo como es y debe de ser, aplicando simple y sencillamente leyes y reglamentos, pero primero y antes que todo utilizar el buen diálogo como razonamiento, a efecto de coordinarse todos y regular tantísimo desorden.
No hay que olvidar que la invasión del espacio público genera desigualdad y afecta la convivencia social, ya que cuando el espacio común desaparece, se deteriora la calidad de vida. No se trata solo de estética, sino de movilidad, seguridad y cohesión comunitaria. Bastaría ver cómo estudiantes, señoras y gente de la tercera edad tienen que bajarse al arroyo vehicular para continuar su tránsito; y lo peor, jovencitas exponiéndose al peligro porque hay lugares con tanto carro abandonado en la vía pública que bien pueden ser guarida de tipejos enfermos que las molesten con piropos inapropiados o se atrevan a atentar contra ellas.
Por todo esto la ciudadanía en general pide a las autoridades municipales reforzar los reglamentos de desarrollo urbano, sancionar las invasiones y, sobre todo, fomentar una cultura de respeto al espacio público. Los ciudadanos, por su parte, también están conscientes de que son parte de la solución al cuidar, denunciar y no apropiarse de lo que es de todos.
La recuperación del espacio público no solo es una cuestión de orden urbano, sino de justicia social y respeto al derecho de todos a disfrutar de ciudades libres, limpias y accesibles.
¿O no?
Salvo que usted tenga una opinión contraria, probablemente la mejor.
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