María Teresa Castro Corro pasó de ser “la secretaria consentida” del exgobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta a deudora de más de 300 millones de pesos, tras la multa que le impuso el Poder Judicial por haber invertido de forma riesgosa más de 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo.
Dos años después de dejar el cargo como titular de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, el Poder Judicial emitió un fallo por su responsabilidad en la pérdida de este recurso.
El Tribunal de Justicia Administrativa determinó que la exfuncionaria incurrió en desvío de recursos y abuso de funciones; aunque libró el señalamiento de encubrimiento.
Durante la gestión de Miguel Barbosa se convirtió en una de las “secretarias consentidas” por el manejo financiero que tuvo el estado en 2019 y 2022.
Sin embargo, tras la muerte de Barbosa, durante la gestión de Sergio Salomón Céspedes se destaparon varios escándalos relacionados con inversiones fallidas en instituciones bancarias de poca confianza.
Esto le costó al erario más de 600 millones de pesos y después de cuatro años, la posibilidad de la recuperación de ese recurso se ve lejana.
Teresa Castro fue secretaría de Barbosa entre 2019 y 2023
Teresa Castro Corro llegó a la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Barbosa entre 2019 y 2022 y dejó su cargo en 2023. A mediados de ese año compareció ante el Congreso de Puebla precisamente luego de que se evidenció la inversión fallida en Accendo Banco, una institución financiera que prometió grandes rendimientos económicos y luego se fue a la quiebra.
Días después de la comparecencia Castro Corro presentó su renuncia.
Hasta la fecha, no hay avance en el proceso de recuperación del total o parte del recurso que destinó el Gobierno de Puebla hace más de cuatro años.
En 2024 se reveló que también se invirtieron más de 4 mil millones de pesos en “Fondika” aunque en este caso sí se logró la recuperación del recurso.
Inician procesos contra Teresa Castro
La administración estatal anterior determinó que hubo responsabilidad administrativa por parte de la exsecretaria. Así que la entonces Función Pública inició un proceso.
Adicional a esto, hay activas denuncias ante la Fiscalía General del Estado y de la República por el quebranto de recursos en perjuicio del Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial ya resolvió la parte administrativa emitió una sentencia que consiste en una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos. Este monto corresponde al 60% de la inversión total en Accendo.
Además, se le inhabilitó por un periodo de 20 años. Durante este tiempo no podrá ocupar algún otro cargo público debido a su responsabilidad por la pérdida de recursos.
Falta el resolutivo de las denuncias penales que presentó la administración estatal por el daño patrimonial que la inversión provocó en el estado.
- Tomado de https://www.ambasmanos.mx/