Las nuevas administraciones municipales del llamado “Corredor Naranja” de la región cardelense han cumplido ya sus primeros nueve días de intenso trabajo, tiempo suficiente para comenzar a dimensionar el verdadero estado en el que les fueron heredados sus ayuntamientos, un auténtico cochinero administrativo, un rompecabezas deliberadamente desordenado por algunos de sus antecesores.
Esta situación vuelve a poner sobre la mesa una realidad ineludible, la urgente necesidad de que el Congreso del Estado legisle con firmeza para obligar a los alcaldes salientes a entregar la casa en orden. No es admisible que se sigan permitiendo prácticas como dejar las arcas vacías, borrar archivos, formatear computadoras, desaparecer documentación oficial o, peor aún, desmantelar áreas completas de trabajo.
Cada cuatro años se repite la misma historia. Una actitud mezquina y mediocre que se recrudece cuando el relevo político no pertenece al mismo partido, sin importar que las consecuencias de esa venganza administrativa las termine pagando el pueblo, los ciudadanos y contribuyentes.
Es imperativo que las y los diputados veracruzanos asuman su responsabilidad y trabajen en leyes que no sólo regulen, sino que sancionen de manera ejemplar estas viejas prácticas. No bastan llamados a la ética, se requieren castigos reales, que incluyan sanciones económicas severas y, cuando corresponda, penas de cárcel por el daño ocasionado al patrimonio municipal.
Lo aquí expuesto no es exageración. Poco faltó para que quienes juraron amar a sus municipios se llevaran hasta los inmuebles públicos. Hubo casos en los que desaparecieron escobas, detergentes, herramientas de trabajo, neumáticos y baterías de los parques vehiculares y, en actos francamente reprobables, se dañaron intencionalmente camiones recolectores de basura y camionetas de Protección Civil.
Si no se actúa de inmediato, el riesgo es evidente, en diciembre de 2029, algunos de los alcaldes que hoy levantan la voz podrían terminar incurriendo en las mismas prácticas que hoy denuncian. De ahí la urgencia de tomar medidas ya, sin dilaciones ni simulaciones.
Mientras tanto, los actuales presidentes municipales enfrentan jornadas extenuantes para resolver problemas heredados, como la ineficiencia en el servicio de limpia pública debido a unidades descompuestas, o los sabotajes en los sistemas de distribución de agua potable, situaciones que hoy obligan a pedir comprensión a pueblos que depositaron su confianza en ellos.
No hay descanso.
Sin embargo, la tarea se complica cuando las partidas presupuestales aún no fluyen como deberían.
Aunque se realiza el cobro del impuesto predial y de servicios como agua potable y limpia pública, las condiciones en las que fueron recibidas las administraciones hacen que cada paso sea cuesta arriba.
Para algunos exfuncionarios, la maldad sembrada fue motivo de satisfacción; para los ciudadanos, es una carga injusta.
La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se pondrá fin a estas conductas propias de mediocres y sinvergüenzas que hoy gozan de impunidad?
Que no canten victoria. La revisión de la Cuenta Pública 2025 aún está pendiente y, para muchos, el veredicto final todavía está por escribirse.
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