Aumenta la cartera vencida en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa debido a la negativa de aceptar pago de convenios cuando la persona que pretende saldar el adeudo no es la titular de la cuenta.
De acuerdo con cifras reconocidas públicamente por autoridades municipales durante la administración encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil, el organismo operador del agua en la capital veracruzana mantiene adeudos acumulados que oscilan en alrededor 100 millones de pesos, producto de miles de cuentas con meses o incluso años de atraso.
Sin embargo, usuarios señalan que cuando intentan regularizar su situación mediante un convenio de pago, CMAS rechaza el trámite si la cuenta del servicio no está a nombre de quien acude a cubrir el adeudo, aun cuando esa persona sea quien habita el inmueble y utiliza el servicio.
La situación es frecuente en viviendas rentadas, propiedades heredadas o inmuebles que cambiaron de propietario, donde el titular original de la cuenta ya no reside en el lugar o incluso ha fallecido.
En esos casos, el organismo exige realizar primero el cambio de titularidad y presentar una carta poder, trámite que en ocasiones se vuelve largo o complicado debido a que muchos de los propietarios de las cuentas no residen en la ciudad.
En su mayoría, los organismos operadores de agua del país permiten convenios de pago con el ocupante del inmueble precisamente para facilitar la recuperación de adeudos y reducir la cartera vencida.
Sin embargo, en Xalapa ocurre lo contrario, la política administrativa termina cerrando la puerta a usuarios que sí tienen la intención de pagar, lo que inevitablemente impide recuperar recursos para el organismo e incrementar la carrera vencida.
La CMAS es dirigida actualmente por Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, bajo cuya gestión comienza a evidenciarse este tipo de inconformidades por parte de usuarios del servicio.
El problema también tiene implicaciones legales pues dejar sin suministro de agua a un usuario puede constituir una violación a derechos humanos, al tratarse de un servicio básico vinculado al derecho humano al agua.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ha atendido decenas de casos relacionados con la suspensión del servicio de agua potable, donde se señala que el corte del suministro se realizó sin seguir los lineamientos legales establecidos, lo que ha derivado en quejas formales contra autoridades y organismos operadores.
En ese contexto, la inconformidad de usuarios crece: mientras el organismo busca recuperar recursos para mejorar su operación, existen casos en los que ni siquiera permite pagar a quienes desean ponerse al corriente.