Cómo una sobreviviente de violencia logró acceso a la justicia y hoy acompaña a otras mujeres en Bolivia

Durante años, Rosmery pensó que lo que vivía en su casa era normal. No había golpes, y eso le hacía creer que no había violencia. Hoy sabe que sí: económica y psicológica.
Antes de ocupar un cargo público, se dedicaba por completo a su familia. El dinero lo administraba su esposo, quien decidía en qué se gastaba. Cuando Rosmery hablaba de trabajar, la respuesta era siempre la misma: nadie la iba a contratar, su lugar estaba en la casa. Con el tiempo, esas palabras debilitaron su confianza y su voz se fue apagando.
Los insultos llegaron después, a veces con alcohol de por medio, otras no. Rosmery guardaba silencio, sobre todo por sus hijos. No quería que crecieran en medio de discusiones. Tampoco tenía redes de apoyo. Vivía lejos de su familia y la violencia que atravesaba era invisible para la comunidad.
El quiebre llegó cuando el control se volvió asfixiante: llamadas constantes, celos, reproches. Ese día dijo basta y buscó ayuda psicológica. Por primera vez pudo poner en palabras lo que llevaba años cargando. Hablar fue el primer paso. El segundo fue integrarse al grupo de promotoras comunitarias del municipio de San Benito, departamento de Cochabamba. En las capacitaciones aprendió a identificar los tipos de violencia que había normalizado durante años. Comprendió que no era culpa suya y que tenía derechos.
Nombrar la violencia le permitió hacer algo más: reconocer que vivía en una situación de violencia, exigir respeto y acceso a orientación. Con ese aprendizaje interpeló a su esposo. No fue sencillo, hubo resistencia y machismo aprendido. Ambos buscaron ayuda. Hoy el trato es distinto y Rosmery ya no se siente anulada dentro de su hogar; se evidencia un cambio de comportamiento. Su pareja la acompaña en las actividades como promotora comunitaria y, desde ese lugar, ha empezado a cuestionar los mandatos con los que fue educado. Su proceso muestra que el cambio es posible cuando se reconoce el daño y se asume la responsabilidad.
A sus 33 años, Rosmery es subalcaldesa del distrito San Lorenzo, del municipio de San Benito. Pero además es promotora comunitaria y atiende uno de los 57 puntos de orientación para la prevención de la violencia implementados en el marco del proyecto de ONU Mujeres “Construyendo municipios más justos”, financiado por la Unión Europea, que beneficia 94 Gobiernos Municipales en Bolivia.
En ese espacio, Rosmery acompaña a mujeres que viven violencia y que muchas veces no saben por dónde empezar. Las escucha, les brinda información sobre sus derechos y las orienta para activar rutas de atención y acceso a la justicia porque denunciar no siempre es el primer paso; a veces lo primero es entender que lo que viven no es normal y que no están solas.
Rosmery sabe que muchas mujeres no acceden a la justicia por miedo, dependencia económica, desinformación o falta de confianza en el sistema de protección. Por eso insiste en que el acompañamiento comunitario es clave. Una orientación oportuna puede marcar la diferencia entre seguir en silencio o iniciar un proceso de protección.
Su testimonio refleja que el acceso a la justicia no empieza únicamente en una oficina judicial, empieza cuando una mujer se atreve a hablar, pierde el miedo y encuentra a otra mujer dispuesta a escucharla y acompañarla.
Rosmery no se define como una mujer completamente fuerte. Se define, en sus palabras, como una mujer en proceso. Una mujer que salió del silencio y que hoy acompaña a otras para que también puedan ejercer su derecho a vivir libres de violencia.