Con votos de MC, Diputados aprueban en lo general el Plan B electoral de Sheinbaum

La Cámara de Diputados aprobó con votos de la 4T —Morena, PT y PVEM— y del opositor Movimiento Ciudadano el Plan B para topar el número de regidores, el presupuesto destinado a los congresos locales y los salarios de funcionarios electorales.
El dictamen se aprobó con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.
Los votos en contra correspondieron a legisladores del PAN y el PRI, tras una discusión en el pleno de San Lázaro que se prolongó poco más de cuatro horas.
La reforma establece un tope de 15 regidurías por ayuntamiento y un síndico por municipio; limita el presupuesto de los congresos locales al 0.70 por ciento del gasto total de cada entidad.
Asimismo, prohíbe que funcionarios electorales ganen más que la Presidenta de la República o accedan a prestaciones no previstas en la ley; y ordena una reducción progresiva del 15 por ciento del presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.
El Plan B llegó a San Lázaro después de que el Senado suprimió los artículos referentes a la revocación de mandato, condición impuesta por el PT para sumarse a la mayoría.
Posicionamientos
El petista Francisco Amadeo Espinosa defendió la reforma como una respuesta al “entramado de privilegios” construido durante décadas por las altas burocracias, incluida la electoral, con sueldos millonarios, seguros médicos privados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro discrecionales.
El pevemista Juan Carlos Carrillo Soberanes la respaldó por considerar éticamente inaceptable que el servicio público sea un espacio de excesos.
MC votó a favor pese a calificar la iniciativa de “tirititito”, bajo el argumento de no ser obstáculo para reducir privilegios en instituciones públicas.
El priista Emilio Suárez Licona tachó el Plan B de reforma de control político y centralista por imponer desde el centro la integración de los ayuntamientos y fijar techos presupuestales a los congresos locales.
Precisó que la medida sólo afecta a 59 municipios, eliminaría 703 regidurías —el 4.2 por ciento del total— y generaría ahorros de apenas 536 mil pesos mensuales por municipio.
“¿Qué transformación real puede lograrse con una cifra así?”, cuestionó.
Su compañero Alejandro Domínguez sostuvo que el verdadero dispendio está en obras federales como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y la refinería de Dos Bocas, y advirtió que la reforma carece de la consulta constitucional obligatoria cuando se afectan municipios y comunidades indígenas.
La panista Carmen Rocío González acusó a la mayoría de ignorar el artículo 73 constitucional, que no faculta al Congreso a legislar sobre la organización política de estados y municipios.
“Dos mil 64 millones de pesos es el ahorro pírrico que los congresos tendrán por esta reforma que disfrazan de austeridad, pero que en la realidad se trata de mayor concentración de poder”, afirmó.
Su compañera Annia Gómez cuestionó que el Congreso debata reglas electorales mientras el país enfrenta una crisis de desapariciones forzadas.
“Hoy discuten cuántos regidores debe haber mientras hay familias que no saben si su hijo sigue con vida. ¿De verdad esa es la prioridad para Morena?”.
Los artículos transitorios fijan el 30 de mayo de 2026 como fecha límite para que los congresos locales armonicen su marco jurídico, y establecen que los ahorros generados quedarán en la hacienda pública de cada municipio.