El Salvador aprobó una de las reformas más severas de los últimos años.
La introducción de la cadena perpetua para menores de 18 años que hayan cometido homicidio, violación o que sean miembros de pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó el controvertido paquete de reformas legales que incluye la aplicación de la cadena perpetua a menores de entre 12 a 18 años de edad condenados por homicidio, terrorismo o violación, de acuerdo con el Diario Oficial del país centroamericano.
Los cambios, publicados este martes y que entrarán en vigor el 26 de abril, se integran a una enmienda al artículo 27 de la Constitución aprobada en marzo por el Congreso de amplia mayoría oficialista, para sancionar con prisión perpetua a los culpables de esos delitos graves.
La aprobación de la iniciativa se produjo una semana después de que un grupo internacional de abogados dijera que había «motivos suficientes» para asumir que El Salvador ha cometido crímenes de lesa humanidad durante el estado de excepción que ha venido ratificando de manera indefinida el Congreso desde hace cuatro años, con el impulso de Bukele.
Entre las medidas sancionadas por el mandatario de 44 años está una reforma a la Ley Penal Juvenil para eliminar el procedimiento especial con el que contaban los menores infractores, lo que abre la vía a la aplicación de la cadena perpetua.
No obstante, también se establecen revisiones periódicas a este tipo de penas, para que los menores aspiren a libertades controladas.
La reforma fue cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por considerar que vulnera los derechos de la niñez.
En respuesta al pronunciamiento, Bukele dijo que el antiguo marco legal otorgaba «impunidad» a los menores para cometer delitos.
El estado de excepción, que restringe garantías constitucionales como la libertad de reunión o la inviolabilidad de las telecomunicaciones, ha permitido a las fuerzas de seguridad detener a más de 90.000 personas.
Organizaciones humanitarias estiman que más de 500 de esos detenidos han muerto bajo custodia estatal.