El Congreso de Veracruz aprobó, por unanimidad, una ley que promete protección inmediata para las mujeres… ahora sí, —aseguran—el Estado responde.
Pero hay una verdad incómoda que ningún decreto puede borrar, y es que, mientras el Congreso presume un sistema “inmediato, eficaz y coordinado”, en los expedientes del propio estado hay mujeres que no fueron protegidas, sino violentadas y desde las instituciones que hoy dicen defenderlas, por ejemplo: desde la Fiscalía General del Estado.
Un caso que evidencia la brutal contradicción es el de Maribel: detención ilegal, tortura, violencia sexual ejecutada por policías ministeriales, abuso de poder y un aparato institucional que, lejos de castigar, se repliega e incluso protege.
No hay responsables sancionados, no hay reparación, lo que sí hay es silencio y reacomodos; fiscales señalados que hoy simplemente despachan en otra ciudad, como si cambiar de escritorio fuera equivalente a rendir cuentas o a los que la Fiscalía les permite renunciar para evadir responsabilidad.
Si alguien cree que esta crítica es exagerada, ahí está el caso documentado:
https://www.facebook.com/share/p/18NhPDVAzP/
Y aquí es donde la narrativa oficial se rompe, porque no se puede hablar de “protección inmediata” cuando la impunidad es permanente, no se puede presumir tecnología cuando lo que falla es la voluntad, no se puede vender seguridad mientras las propias instituciones son señaladas por violentar.
Hoy, la Fiscal General, Lizbeth Aurelia publica en redes y celebra la aprobación de la ley pero se le olvida que aprobar leyes no es proteger, es apenas el primer paso y en Veracruz, ese paso lleva años dándose sin que el siguiente ocurra: aplicar la ley, castigar a los responsables, romper el pacto de encubrimiento para sancionar y castigar a los violentadores de mujeres.
Mientras eso no exista, todo lo demás es y será simulación y simular protección, cuando hay víctimas esperando justicia, también es una forma de violencia.
DEL NO FUE PEMEX AL «SIEMPRE SÍ».
Al final, no les quedó de otra, después de minimizar, desviar y hasta cambiar la versión, el gobierno terminó reconociendo que el derrame de hidrocarburo sí tuvo origen en instalaciones de Pemex.
Lo que al inicio se quiso atribuir a un barco, incluso con señalamientos hacia administraciones pasadas, hoy se corrige a medias y sin asumir del todo el costo político.
Aquí, nuevamente la gobernadora Rocío Nahle, que presume conocimiento técnico en el tema energético, habló sin sustento y hoy paga el costo, pues sostuvo en su momento que el origen era externo y responsabilizó a un buque ligado a la época de Peña Nieto.
Hoy, con el reconocimiento oficial sobre la mesa, matiza y dice que no fue un accidente registrado en Veracruz, intentando limpiar su dicho.
Mientras se ajusta el discurso, aparecen las promesas: El gobierno federal anunció apoyos para los afectados en Veracruz, pescadores, prestadores de servicios, comunidades costeras pero lo hizo sin decir cómo, cuándo y cuánto, es decir, hay apoyo en el discurso e incertidumbre en la realidad.
En medio de esa narrativa, surgió la defensa política, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista, decidió enfrentar las críticas con un reto: que quienes hablen de chapopote en las playas vayan con él a recorrer la zona, porque —según dice— ya no hay residuos, afirma haber caminado desde Playa Linda hasta los arrecifes y descalifica a quienes sostienen lo contrario.
El problema es que la contaminación no se limita a un recorrido… Ahí están Coatzacoalcos y Alvarado, zonas donde los residuos de hidrocarburo siguen saliendo pero de eso no habla.
Y así estamos: entre un
gobierno que primero niega, luego reconoce y finalmente promete sin precisar, funcionarios que retan más de lo que explican y una crisis ambiental que sigue ahí, más allá del discurso.
CUANDO UN CIUDADANO HACE HACE LO QUE EL GOBIERNO NO.
En medio del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México —donde el gobierno primero negó, luego corrigió y después prometió— hubo alguien que decidió no esperar: Juan Carlos Atzin Calderón; joven veracruzano, activista y representante de la sociedad civil, fue quien empujó lo que las autoridades no hicieron a tiempo.
Lo hizo no con discursos, sino con acciones legales concretas: solicitó la activación del plan nacional, exigió la intervención de la Fiscalía y promovió amparos.
El resultado fue que una jueza federal ordenó medidas inmediatas para frenar el derrame, limpiar las zonas afectadas y proteger la fauna; incluso dejó abierta la posibilidad de suspender operaciones petroleras si el daño continúa… Todo esto dentro del juicio de amparo 337/2026, promovido precisamente por Atzin.
Es decir: mientras el gobierno reaccionaba, un ciudadano obligaba… aquí la diferencia es clara, no fue la inercia institucional la que detuvo el problema, fue la presión legal, no fue la voluntad política, fue la exigencia respaldada por el Poder Judicial y eso dice mucho.
Si para atender una emergencia ambiental de esta magnitud tuvo que intervenir un joven con organización civil, lo que se percibe es que el problema no es solo el derrame… es la ausencia de reacción del Estado.
Hoy, el reconocimiento oficial llega tarde, como casi siempre, pero también deja una lección incómoda: en Veracruz, a veces la justicia no empieza en el gobierno… empieza fuera de él.
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL CONFLICTO EN EL CLUB BRITANIA DE XALAPA?
El conflicto en el Club Britania de Xalapa ha escalado a lo mediático con acusaciones de presuntos malos manejos, con mucho ruido e intereses alrededor.
Para entender el caso completo —incluida la postura oficial del club, que rechaza irregularidades en el manejo de los dineros y advierte acciones legales— puede revisarse aquí:
https://www.facebook.com/share/p/18SMHfoHuz/
Pero el fondo del conflicto no está solo en lo que se dice, sino en quién lo dice; el principal impulsor de la denuncia es un exdiputado federal con paso irrelevante por el Congreso —una sola intervención en tribuna— pero ingresos millonarios.
Un perfil ligado a la construcción y con antecedentes que pesan: expulsado en 1998 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tras intentar imponerse mediante la toma de instalaciones en Xalapa.
Y el respaldo que tiene, tampoco ayuda; entre quienes lo apoyan aparece un socio sancionado por un hecho vergonzoso, que se alejó por medio año y ahora quiere regresar pero se niega a pagar cuotas y una exsocia que incluso ya vendió sus acciones tras verse involucrada en un incidente grave, eso hay que decirlo, no es precisamente un frente que inspire confianza y credibilidad.
Dentro del club, la versión es que todo comenzó cuando se rechazaron negocios que pretendía concretar el exdiputado —vender paneles solares con sobreprecio y que le asignarán las obras de remodelación del club— A partir de ahí —dicen— se activó la presión pública pues el negocio que quería hacer se vio frustrado.
Este sábado los socios tendrán la información precisa de sus cuotas, gastos, ingresos y demás; aunque la directiva tiene todo listo para su evento, se prevee que Salas y su pequeño grupo de aliados intenten sabotear la reunión para evitar que la directiva entregue cuentas a los socios, —algo similar a lo que hizo hace algunos años en la CMIC—
Al final, más allá del ruido mediático y las acusaciones, serán las autoridades las que determinen quién tiene la razón: si la mayoría que hoy administra el club o el grupo minoritario encabezado por Marcos Salas y un par de socios.
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