Hace unos cuantos días, el pasado viernes, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer su exigencia de salida de todos los migrantes temporales como condición si pretenden obtener la residencia permanente.
Son quienes ostentan la conocida tarjeta verde (Green card) de todas las nacionalidades habidas. Vienen con toda la fuerza legal que les otorga la Ley de Inmigración y Nacionalidad que gobierno anteriores nunca aplicaron, según el comunicado del Servicio de Inmigración.
De tal modo que la avalancha hacia quienes realizan diversas actividades académicas y laborales bajo el amparo de la Green card, viene en serio.
México ocupa el segundo lugar de residentes temporales en Estados Unidos y se estima una cifra próxima a los 400 mil.
Se trata de estudiantes, intercambios, trabajadores, empleados, empresarios, parejas, hijos en plenas actividades, incluso personal diplomático en 53 consulados distribuidos en ese territorio.
Si bien el gobierno de Donald Trump ya traía este plan desde su primer mandato, ahora lo hace una realidad.
Ya selló la frontera no únicamente con la policía fronteriza y migratoria, incluso con elementos de las fuerzas armadas y todo tipo de aplicaciones tecnológicas, difícil trasponer desde ciudades fronterizas e incluso de zonas inhabitables, desiertos, bosque, a lo largo de la línea.
Esta aplicación de la referida Ley de Inmigración está obviamente en un esquema legal propio de la vecina nación, pero viene a cambiar muchas expectativas de alcanzar otras condiciones de vida con el famoso sueño americano.
Por lo pronto, no queda más que esperar y ver cómo se desenvuelve este anuncio oficial que afecta a los temporales, que por ahora les queda recurrir a la asistencia legal de los consulados antes de abandonar las ciudades donde residen.
Se sabe que hay cerca de 12 millones de indocumentados mexicanos y de 35 a 40 millones residentes en esas tierras ya nacidos allá.
Es indudablemente otro de las diferencias fronterizas que tiene que enfrentar el gobierno, ahora con la aplicación de una ley que pretende regresar a esos 400 mil.
A ello habrá que añadir el impacto económico y social que una medida de esta naturaleza podría representar tanto para Estados Unidos como para México. Miles de familias dependen de los ingresos de quienes trabajan legalmente en territorio estadounidense y sostienen, mediante remesas, buena parte de la economía de numerosas regiones mexicanas. Más allá del endurecimiento legal y del discurso político, el fenómeno migratorio sigue siendo una realidad profundamente ligada a la necesidad de empleo, educación y reunificación familiar.
Por eso, cualquier modificación en las políticas migratorias no sólo mueve cifras y estadísticas, sino también proyectos de vida enteros que durante años encontraron en la migración una alternativa de estabilidad y crecimiento.
Nada de tarjetas amarillas o rojas como en el futbol, ahí viene la verde.