MIRA POLÍTICA | Out

STRIKE TWO … En términos beisbolísticos, tema central de la actual administración estatal y sobre todo lenguaje común entre el mandatario estatal veracruzano Cuitláhuac García Jiménez y el titular del poder ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, al gobierno del estado de Veracruz están por poncharlo al contabilizar un segundo strike, luego de que hiciera valer el concepto de ultrajes a la autoridad, tras recientes reformas al Código Penal de nuestra entidad.
El mismo día en que se estrenaron esas reformas con la detención del perredista y ex secretario general de gobierno en el estado de Veracruz, Rogelio Franco Castán, surgieron las voces de especialistas como la de Valentín Olmos Alfonso, Presidente del Colegio de Abogados Juristas del estado de Veracruz A.C., quien acompañado de varios de los integrantes de esa organización, puntualizó que existen antecedentes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado ese delito de ultrajes a la autoridad, por ambiguo y vago.
Por ello, expuso en rueda de prensa el presidente de ese colegio, se puede echar abajo la reciente reforma al Código Penal del estado de Veracruz, con lo cual en términos beisbolísticos se cantaría “out” al gobierno estatal y de paso a los integrantes de la actual legislatura estatal.
A las voces de los integrantes del Colegio de Abogados Juristas del estado de Veracruz A.C, se sumaron la de los académicos y académicas de la Facultad de Derecho, de la Universidad Veracruzana, quienes en un documento de cinco cuartillas expusieron los porqués la reciente reforma al Código Penal del estado de Veracruz debe ser “nuevamente estudiada y derogada por el Congreso del Estado, para evitar que Veracruz se convierta en un Estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas y expresiones”.
Con las precisiones jurídicas necesarias, los académicos y académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, advierten que la tendencia nacional es hacia la derogación del tipo penal de Ultrajes a la Autoridad, como lo han hecho últimamente Durango, Morelos y Ciudad de México.
Los académicos y académicas de la Facultad de Derecho de la UV, Sidney Ernestina Marcos Escobar, Rosa Hilda Rojas Pérez, Esperanza Sandoval Pérez, Erick Cabrera Nieto, Luis Manuel Lara Hernández, Enrique Córdoba del Valle, Daniel Del Ángel Pérez, César Martínez Rámila, Rebeca Contreras López, Austria Paola Barradas Hernández y María Eugenia Castillo Reyes que signaron este amplio documento, dan a conocer en su texto que solo son 12 entidades federativas en México, “en cuyos códigos penales se encuentra previsto el tipo penal de Ultrajes a la Autoridad, incluido el Código sustantivo penal de Veracruz, recientemente reformado y adicionado, siendo éste en el que se regula de forma más férrea esta conducta, pues basta apreciar que mientras en las otras 11 codificaciones penales la pena privativa de libertad máxima que se prevé para esta conducta no supera los tres años e incluso se prevé en el caso de Tabasco como sanción penal “de noventa a ciento ochenta días de semilibertad”, el legislador veracruzano se empeñó en aumentar no sólo la pena privativa de libertad y adicionar hipótesis para configurar un tipo penal agravado de Ultrajes a la autoridad, sino que además señala conductas específicas cuya redacción resulta vaga e imprecisa, carente de toda técnica legislativa, significando una criminalización de conductas que bien podrían concurrir en otros tipos penales existentes, ocasionando una interpretación indebida y arbitraria tanto por los operadores de investigación, como por autoridades judiciales”.
Tajantes, los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana expusieron, por último: “Confiamos en que el Congreso, pero también el titular del Ejecutivo del estado de Veracruz, atenderá este llamado para configurar un estado pacífico y libre, como el que merecemos las veracruzanas y los veracruzanos”.
TURNO AL BAT … Por todo lo anterior amables lectores, se espera la reacción de la reelecta presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, al igual que la de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional, quienes en consecuencia deberán promover un recurso de inconstitucionalidad, en lo cual seguramente contarían con la asesoría y respaldo de los colegios de abogados no solo de Veracruz, así como de las y los académicos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Veracruzana.

COMENTARIOS O SUGERENCIAS … guadalupehmar@yahoo.com o bien @guadalupehmar

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