El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó un anteproyecto de reforma a su reglamento que plantea quitar los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a mil 632 investigadores adscritos a universidades privadas.
Según la proyección de costos y beneficios de la propia dependencia, la medida representaría para el Conacyt un beneficio anual de 29 millones de pesos, equivalente al 0.52 por ciento de su presupuesto para el 2021.
La expulsión de los mil 632 investigadores del sector privado, de acuerdo con la documentación que el Conacyt presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se justifica porque se plantea otorgar dos beneficios para los del sector público, quienes ahora serían los únicos elegibles para los apoyos.
De esta forma, el costo de 125 millones que el Conacyt pretende “ahorrarse” sin los investigadores del sector privado, se expone como inferior al beneficio de 154 millones que se necesitan para extender la vigencia de investigadores del sector público por paternidad o adopción, ya no sólo por maternidad, además de quitar la restricción de que los candidatos rechazados puedan participar en tres convocatorias consecutivas.
La modificación que haría esto posible se encuentra en el artículo 62, fracción 1, del anteproyecto, en donde se limitan todos los apoyos a: “las y los integrantes del SNI que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México”.
El reglamento vigente, reformado por la presente Administración apenas en septiembre del 2020, otorga prioridad a los científicos de instituciones públicas, pero también incluye como posibles beneficiarios a los investigadores de los sectores social y privado de instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).
De acuerdo con la dependencia, el RENIECYT cuenta actualmente con 191 registros de investigaciones privadas cuyos autores perderían la posibilidad de recibir apoyos del SNI.
La expulsión de este sector del sistema afectaría a los científicos de instituciones educativas como la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, además de otras instituciones como el Hospital ABC.
Esta medida ya ha sido calificada como discriminatoria por investigadores tanto del sector público como del privado, además de que su efectividad ha sido refutada por organismos como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
El anteproyecto que modificaría el reglamento del SNI continúa en el proceso de ser aprobado por la Conamer para, posteriormente, poder ser promulgado por el Ejecutivo.
“Se solicita que, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley General de Mejora Regulatoria, el anteproyecto tenga plazos mínimos de publicidad y no sea sometido al periodo normal de consulta pública, toda vez que se requiere la publicación de dicho Acuerdo a la brevedad posible”, pidió el Conacyt.
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