Abogado Jorge Reyes Peralta presenta denuncia contra jueza de Orizaba

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Xalapa, Ver.- El abogado Jorge Reyes Peralta se presentó este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción, acompañando a la señora Samira Kuri Palacios, para denunciar a la jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar de Orizaba, Gema Méndez García, y a la secretaria de acuerdos Eloísa Román Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. 

“No es posible que la cosa juzgada no haya respetado la jueza que tiene menos de cuatro meses que se divorciaron y la jueza va con un escrito, no se cerciora siquiera porque en el escrito únicamente dice que en el mes de junio nos divorciamos, pero la jueza no exhibe ni la copia de ese expediente porque fue un Juzgado distinto, y la jueza le quita los niños a la señora de 4 y 6 años y los entrega a la tía; definitivamente es un acto de corrupción. Jamás salieron del Juzgado, la diligencia se practicó en el escritorio de la jueza, le llevaron fotografías, la jueza no conoce ni a los niños, ni la secretaria menos, así de fácil”. 

Por su parte, Samira Kuri madre de los dos menores señaló que se divorció hace cuatro meses del señor Vicente Ferrer Mejías y por mutuo acuerdo se determinó que ella se quedaría con sus hijos, Vicente de 6 y una niña de 4 años de edad, así como que se irían a vivir a Puebla, sin embargo, a partir del 8 de junio el padre jamás cumplió con el pago de la manutención de los niños, pese a ello, aseguró nunca le negó la convivencia con sus hijos.  

“Yo jamás le negué que pudieran estar lejos de él y su familia, trabaja en la empresa, lo único que quiero es que me regrese a mis hijos, están conmigo todo el día. A base de mentiras y engaños se llevaron a mis hijos, no he tenido llamadas ni mensajes desde el 4 de septiembre, la tía tiene un hijo, y están con sus abuelos, un abuelo que es alcohólico y una abuela que es ansiolítica”. 

El abogado Jorge Reyes Peralta señaló que la jueza y la secretaria de acuerdos cometieron delitos por hechos de corrupción, que son abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Por dichos delitos estas dos funcionarias pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.

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