Despenalización del aborto: necesaria la educación y responsabilidad

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El pasado 20 de julio, el Congreso del Estado votó por mayoría a favor de la aprobación del dictamen que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la doceava semana de gestación. Los legisladores avalaron con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el artículo 152, del Código Penal para el Estado de Veracruz.
Se trata de una reforma polémica que permite la interrupción legal del embarazo sin penalizaciones hasta antes de las doce semanas de gestación. Por eso el día de la sesión se expresaron activistas a favor y en contra del dictamen en las instalaciones del Palacio Legislativo.
Antes de la reforma, el Código Penal del Estado sancionaba con medidas educativas y de salud, pero sin prisión, el aborto si se cometía en alguna de las cinco causales: producto de violación, embarazo producto por inseminación artificial no consentida, riesgo de muerte de la madre, imprudencial o culposo, y una malformación. Sin embargo, con la reforma, la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación no será castigado penalmente, con lo que Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país en permitir la ILE.
Lo anterior ha dividido el debate en dos bandos. Por un lado, organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos de las mujeres ya habían alertado que en Veracruz, cuando una mujer abortaba antes de las doce semanas, las autoridades ministeriales reclasificaban el delito y las acusaban formalmente de homicidio con penas de hasta 70 años. Eso ya no pasará más.
La diputada de Morena, Mónica Robles Barajas, promotora de la iniciativa, destacó que la despenalización del aborto es compatible con los mandamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Defendió que la reforma al Código Penal no es inconstitucional, pues la Carta Magna establece que el Estado garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte natural, “salvo las excepciones previstas en las leyes” según el artículo 4.
En contraparte, diputados como Gonzalo Guízar Valladares criticaron la iniciativa con el argumento de que en lugares en donde esto ya es ley aumentaron los abortos porque se usan como “métodos anticonceptivos”.
En el mismo sentido, a través de un pronunciamiento, los Obispos de las ocho Diócesis de Veracruz consideraron que la despenalización del aborto “daña en su esencia el tejido social mandando un mensaje perjudicial a las propias mujeres, a los niños y a los jóvenes de que se puede instrumentalizar y desechar la vida por cualquier motivo”.
Desde la perspectiva de los obispos católicos, no se prestó atención a los motivos que orillan a una madre embarazada a considerar el aborto. “El aborto no soluciona ninguno de los problemas de las madres que están gestando, las sigue exponiendo a la violencia y a posibles nuevos abusos: solo las convierte en madres de un hijo muerto”, expresaron.
En su mensaje, los dignatarios católicos hicieron un exhorto a seguir trabajando a favor de la vida, a favor del bienestar integral de la familia veracruzana, a favor de una educación sexual integral y a favor de una salud materno-infantil verdaderamente plena e integral.
Lo importante de la reforma es que adecúa el marco legal para evitar que haya abusos o injusticias en contra de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables, y les garantiza el acceso a los servicios de salud ante una eventualidad de esa naturaleza.
No obstante, no basta con eso, pues se requiere intensificar la educación sexual y reproductiva en la Educación Básica y Media Superior, sobre todo en la secundaria y preparatoria, para que los jóvenes veracruzanos tengan las herramientas y estén preparados para vivir su sexualidad de manera responsable.

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