Poder Judicial pide al Congreso Local poder renegociar contratos con prestanombres yunistas.

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El Poder Judicial del Estado de Veracruz intentará renegociar la construcción de las 20 ciudades judiciales con los prestanombres yunistas a los cuales les fueron otorgados en el año 2018 los contratos de Asociación Público/Privado para la construcción de dichas ciudades, motivo por el cual el Poder Judicial estará endeudado por 25 años para liquidar dichos contratos cuyo monto final será superior a los 6 mil millones de pesos.

Este martes 27 de julio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz solicitó autorizar la modificación de los contratos de la Asociación Público-Privada para la construcción de las ciudades judiciales.

A través de la correspondencia se dio entrada al oficio 505/2020, remitido el pasado 15 de julio, “Solicita autorización para la modificación de los contratos de asociación público-privada para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta veinte centros de impartición de justicia del poder judicial”.

La petición se remitió a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia y Hacienda del Estado para ser dictaminado.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial revelan que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, así como de la familia Nachón y Díaz de la Vega, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, también propiedad de todos ellos la edificación de las 20 ciudades judiciales

El proceso de la entrega de la obra podría pasar desapercibido, si no fuera porque Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares como Gobernador del Estado, quien operó todo en el Congreso Local para que les fueran autorizados dichos contratos para el millonario negocio en manos de sus prestanombres.

Los empresarios: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las cinco firmas que ganaron dichos contratos para la construcción de las ciudades judiciales en el año 2018 y con la aprobación del Congreso del Estado.

El Poder Judicial tendrá que pagar más de seis mil millones de pesos para la edificación de las ciudades judiciales y la deuda se prolongará por un periodo de 25 años; además, se tendrá que contratar créditos para crear fideicomisos de cobertura y pago por 50 millones de pesos anuales.

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