Emiten orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez, exrector de la UDLAP

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  • El ex canciller durante el gobierno de Vicente Fox y sus colaboradores más cercanos son acusados de fraude específico por el presunto desvío de 100 millones de pesos a la fundación Mary Street Jenkins

Un juez de control de Puebla emitió una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez Bautista, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) por el delito de fraude específico.
El Poder Judicial estatal solicitó este recurso a un juez de la Ciudad de México, mismo que incluye a sus colaboradores más cercanos como Mónica Ruiz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; y Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos.
Asimismo, los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, también fueron incluidos por el delito de fraude específico, en perjuicio de la institución educativa.
Todos los implicados estuvieron inmiscuidos en la creación de algunas empresas, como la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School, con las que presuntamente desviaron alrededor de 100 millones de pesos, los cuales le pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins.
Quien fuera secretario de Economía y de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) comenzó a ser investigado en la Ciudad de México, pues en la Fiscalía capitalina se presentó la querella en su contra. Por ello, las autoridades poblanas sólo funcionaron como soporte, pues el caso no se encuentra de manera local.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ya comenzaron la búsqueda de Derbez Bautista y sus socios, quienes, hasta el momento, no han aparecido para esclarecer esta situación.
Sin embargo, el departamento de Relaciones Públicas de la Fundación Mary Street Jenkins difundió un “boletín”, sin firmas ni logos institucionales, donde comunicó que esta información que comenzó a circular la noche de este miércoles es completamente falsa.
También indica que desde el pasado 12 de agosto, un juez de control del estado de Puebla “libró orden de aprehensión”, aunque no se detalló más sobre el tema, sólo señala que, de igual forma, fue girada en contra de los colaboradores más cercanos de Luis Ernesto Derbez.
Cabe recordar que el pasado 22 de julio, la Fundación Mary Street Jenkins anunció que interpondría varias denuncias penales por diversos delitos federales ante la “persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla”.
Días después, el 8 de agosto, La Jornada de Oriente entrevistó al vocero de la familia Jenkins, el cual señaló que el gobierno de Puebla había iniciado una persecución política en contra de Luis Ernesto Derbez, por lo que se giraron órdenes de aprehensión por los señalamientos de supuestos delitos que, hasta ese momento, no habían sido comprobados.

Desde el pasado 8 de agosto ya existían órdenes de aprehensión en contra de Derbez, mismas que le impedían presentarse en la UDLAP para la entrega de instalaciones (Foto: Fundación Mary Street Jenkins)
A partir de ese momento, Derbez Bautista no había podido presentarse en las instalaciones de la UDLAP para concretar la entrega de las instalaciones pactada desde el 16 de julio, cuando un juez federal ordenó restituir al Patronato de esta casa de estudios.
Durante una conferencia de prensa virtual, Derbez informó que la resolución en el Consejo de la Judicatura Federal, la cual anula todas las decisiones e imposiciones de funcionarios realizadas en las últimas semanas.
“Esta sentencia revierte de manera definitiva y clara y ordena la restitución inmediata de todos los derechos no solo de los patronos de la fundación de la UDLAP, también ordena el retorno de las instalaciones, del campus y de las cuentas bancarias de nuestra institución a quienes las teníamos antes de la fecha del 29 de junio día de de la invasión armada de nuestra institución”, declaró el rector.
Este mandato obligaba a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) a entregar el campus de la Universidad, su administración y cuentas bancarias al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa.

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