Con el juicio del cardenal Becciu por un asunto de bienes raíces, el Papa Francisco quiere demostrar que el Vaticano se está convirtiendo en un estado de derecho. Pero el procedimiento podría probar lo contrario.
En el Vaticano, al parecer, a pesar de toda la contrición, uno también está un poco orgulloso del primer juicio penal importante, que se abrió allí en julio ante el tribunal secular de primera instancia.
Después de todo, el juicio contra el cardenal Angelo Becciu y otros nueve acusados debería mostrar al público mundial que la cultura legal en el centro de la Iglesia católica ha superado el nivel de una república bananera.
El mensaje que quiere transmitir el Papa Francisco es obvio: el sombrero de un cardenal ya no es una señal de alto para los investigadores del Vaticano. Pero el proceso de una inversión de 350 millones de euros en una propiedad de Londres en circunstancias dudosas podría resultar un bumerán para el Vaticano. Y no solo porque pueden revelarse más detalles sobre un manejo muy gratuito de las donaciones de la colección Peterspfennig.
Ya en la primera sesión quedó claro que el proceso plantea cuestiones fundamentales sobre la constitución del Estado Vaticano. La decisiva es: ¿Se puede siquiera llevar a cabo un proceso en una monarquía absoluta como el Estado del Vaticano que incluso a mitad de camino cumple con los estándares constitucionales modernos? El Papa es jefe de Estado, juez supremo y legislador supremo al mismo tiempo. Puede intervenir en un procedimiento y cambiar las leyes en cualquier momento.
La defensa también declaró que Francisco había intervenido directamente en la investigación cuatro veces al emitir decretos y cambiar la ley del Vaticano específicamente para este proceso. Eso viola el estado de derecho. Como una violación particularmente grave, evaluó el hecho de que Francisco había permitido al fiscal en julio de 2019 tomar todas las medidas cautelares necesarias para la investigación, “si es necesario, en desviación de la normativa aplicable”. Ese era un cheque en blanco para el fiscal del Vaticano, por ejemplo, en caso de arrestos.
Era obvio para todos que la ley se adaptó específicamente para este proceso cuando el Papa decretó en mayo que los cardenales y arzobispos también podrían ser juzgados en el futuro por no clérigos. Sin este cambio, el cardenal Becciu habría tenido que responder en un procedimiento separado directamente ante el tribunal secular más alto del Vaticano, en el que cardenales y arzobispos actúan como jueces. Sin embargo, el Papa quería evitar la impresión de un poder judicial de dos niveles.
La acusación de falta del Estado de Derecho no deja de ser explosiva para Francisco.
Porque aparece regularmente como defensor del Estado de Derecho;
más recientemente, en febrero de este año, en un discurso de apertura al cuerpo diplomático cuando pidió que se respete el estado de derecho en las sociedades democráticas.
La ley debe “estar garantizada por los órganos superiores, independientemente de los intereses políticos imperantes”.
LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DEL PODER
El fiscal del Vaticano, Gian Piero Milano, no quiso aceptar la objeción de la falta de estado de derecho en el Vaticano. Los decretos impugnados son “la máxima expresión del poder papal”. Cualquiera que solo mire estos actos papales desde la “perspectiva de un laico” corre el riesgo de malinterpretar su verdadera naturaleza, explicó el abogado italiano, que se ha hecho un nombre como cazador de mafias.
Lo que se quería decir con esto era que había que tener en cuenta la dimensión espiritual del oficio papal y del Vaticano. La defensa no quiso hacer lo mismo. El problema es que el Estado del Vaticano está gobernado por un monarca absoluto, y la única forma de cambiar la ley es “que el venerado San Ignacio le dé una inspiración al Papa”, se burló un defensor, refiriéndose a que se fundó la Orden de los jesuitas Francisco. por San Ignacio de Loyola.
Pero no solo la constitución del Vaticano, también la ley del Vaticano dificulta la conducción de un proceso basado en el estado de derecho.
Porque el Vaticano es una curiosidad jurídica: en el estado pontificio, la ley penal italiana de 1889, el llamado Codice Zanardelli, ha estado vigente en el estado pontificio desde su fundación en 1929, aunque en Italia fue sustituida por una nueva ley penal ya en 1931.
La ley procesal penal italiana de 1913, que hace tiempo que quedó obsoleta, también es vinculante para el Estado del Vaticano hasta el día de hoy.
Los derechos de la defensa están muy limitados por los estándares actuales.
¿El Vaticano aún conserva una posición especial?
A lo largo de las décadas, los papas han modernizado la ley heredada de Italia en algunos puntos, pero hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ninguna reforma fundamental. Para empeorar las cosas, gran parte de la ley en el Vaticano hasta ahora no se ha aplicado o casi no se ha aplicado debido a la falta de procesos. Eso debería facilitar que la defensa alargue el proceso.
A excepción del cardenal Becciu, quien está acusado de malversación de fondos, abuso de poder e incitación a dar falso testimonio, ninguno de los acusados es aparentemente ciudadano del Vaticano. Son ciudadanos italianos y suizos. Si fueran condenados a prisión, Italia y Suiza tendrían que decidir si cumplirían con una solicitud de extradición del Vaticano. Dado que parece difícil imaginar un proceso que cumpla plenamente con los estándares legales internacionales, el poder judicial de ambos países se enfrentaría a una pregunta delicada: ¿está preparado para otorgar al Vaticano un estatus especial también en la jurisprudencia secular? Si ambos países rechazaran la extradición debido a deficiencias en el estado de derecho, sería una vergüenza para el Vaticano y el Papa.
Thomas Jansen.
Editor de política.
Tellereport.
