Reforma judicial en El Salvador: la polémica norma que cesará a un tercio de los jueces del país

No es la primera decisión polémica del presidente Bukele respecto al poder judicial
La Asamblea salvadoreña aprobó una ley que aparta a los jueces mayores de 60 años. La oposición denuncia una “violación a la independencia judicial”
La Asamblea Legislativa de El Salvador respaldó este martes cesar a los jueces y magistrados con 60 años cumplidos.
El presidente Bukele sancionó una norma que “retirará a los jueces corruptos”.
La oposición calificó la medida de “violación a la independencia judicial”.

RETIRO DE UN TERCIO DE LOS JUECES

La reforma de la Ley de la Carrera Judicial conllevará la jubilación automática de alrededor de un tercio de los jueces del país, según estiman medios locales, así como de un gran número de funcionarios de la Fiscalía y los tribunales.
La nueva norma obliga a la separación inmediata de sus cargos de jueces y fiscales que hayan cumplido 60 años o lleven más de 30 de servicio.
Pese a que Bukele y su partido celebraron la aprobación de la reforma, no han explicado por qué la remoción de los mayores 60 años contribuye a limpiar de corrupción el poder judicial.

LA OPOSICIÓN VOTÓ EN CONTRA

El legislador René Portillo, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, Arena, lamentó que con la reforma se esté “violando la independencia judicial”.
Entre los jueces que podrían perder su puesto está Jorge Guzmán, que investiga la masacre de El Mozote, una de las peores ocurridas en la guerra civil de El Salvador, en 1981, en la que alrededor de 800-1.000 personas fueron asesinadas por el ejército.
No es la primera decisión polémica respecto al poder judicial aprobada desde que Bukele llegó a la presidencia en 2019.
El mandatario ordenó en mayo pasado la destitución inmediata de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, lo que provocó el rechazo de Estados Unidos y varios organismos internacionales.
Previo a eso, en febrero del año pasado, el mandatario dio orden al ejército de tomar la sede de la Asamblea Nacional, después de que esta se negara a conceder préstamos extraordinarios para su gobierno.
La aprobación de la reforma se da en medio de un descontento generalizado de la sociedad salvadoreña frente a algunos cambios que el gobierno ha adoptado en materia política, económica y social, entre ellos la implementación del bitcoin como moneda de intercambio en el país.

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