Aun cuando un tribunal de Justicia Penal en Almoloya de Juárez, Estado de México, rechazó las órdenes de aprehensión contra 31 académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público de la Federación solicitará nuevamente la orden de captura contra exfuncionarios por delitos patrimoniales, con los argumentos de que los presuntos responsables crearon una empresa para destinar dinero para la investigación científica entregándole recursos del Conacyt.
Sin embargo, la FGR afirma que este recurso se utilizó para la compra de muebles, vehículos, inmuebles, pagos de salarios y servicios directos, más no para la investigación científica.
Acusan a los académicos de incurrir en delitos como lavado de dinero, peculado y hasta DELINCUENCIA ORGANIZADA al haber recibido 50 millones de pesos a través de Conacyt, aun cuando este dinero SÍ se utilizó para la investigación científica, por tal motivo se rechazaron las órdenes de captura, toda vez de que no se trata de un hecho penal, porque la entrega de dinero a la asociación civil Foro Consultivo y Tecnológico se hizo en los términos establecidos por la ley de Ciencia y Tecnología para la asignación de recursos.
Este mecanismo estaba contemplado por la ley entre el 2013 y 2019. Por tanto, no se trata de un hecho delictivo, según lo afirma el juez, puesto que en el estatuto del Conacyt sí se contempla.
Es inconcebible que en vez de apoyar con recursos la investigación científica en México, se les quiera tratar como delincuentes, llegando al grado de acusar a los científicos de delincuencia organizada.
Es contradictorio que el presidente de la República salga a decir que el presupuesto para el Conacyt tendrá un alza del 11.26 % nominal y del 7.3% real, en vez de ser reducido (En total se otorgará un presupuesto de 29 mil 564.2 millones de pesos), cuando sigue hablando de que antes se robaban el dinero y ahora ya no se lo roban y no detienen la represión contra los académicos.
Lo cierto es que tienen a los científicos en jaque, toda vez que volverán a solicitar las órdenes de aprehensión contra los 31 científicos señalados por delitos patrimoniales contra el erario.
México es el único país en el mundo donde se trata a los científicos como delincuentes y en vez de apoyar la actividad científica, la están atacando y desacreditando.
Parece una vendetta del fiscal general de la República en contra de los exfuncionarios y científicos del Conacyt al querer tratar estos asuntos por la vía penal, por lo que lo más justo sería volver a negar dichas órdenes de captura.
