- Antonio Gómez Pelegrín ya se encuentra detenido
- Ordenan a Mauricio Audirac devolver 944 millones
- Seguiría Fernando Charleston Hernández
La próxima semana podrían darse nuevas noticias sobre el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y no precisamente porque como aseguran algunos abogados solo falta que lo solicite para que pueda poner un pie en la calle, al cumplir la mitad de su condena en prisión, sino porque nuevos implicados en la red de desvíos multimillonarios a las finanzas del gobierno del estado serán llamados a regresar -al menos parte- de lo que se llevaron.
Aunque no se ha dicho oficialmente, al parecer ahora sí van a empezar a jalar el hilo para traer a cuentas a todos los que se vieron involucrados en funcionarios de la administración Duartista.
Hace unos días fue detenido el ex secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín.
Esta semana, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a otro ex secretario de Finanzas de Javier Duarte, Mauricio Martín Audirac Murillo devolver 944 millones 398 mil pesos.
De acuerdo con la información que le fue proporcionada a Bitácora Política, el próximo funcionario que seguiría en el turno al bat, en esta semana, es Fernando Charlestón Hernández, Subsecretario en Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz en la administración de 2010 – 2012.
Hay que recordar que Jueces federales abrieron procesos penales en contra de cuatro altos exfuncionarios de la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunto involucramiento en el desvío de más de mil millones de pesos provenientes de fondos federales en Veracruz, durante los años 2012 y 2014.
Esto luego de que la Fiscalía General de la República – antes PGR – logró reunir, a partir de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), datos de prueba que evidencian la posible responsabilidad de los exfuncionarios en la comisión del delito de peculado, el cual puede alcanzar una pena de hasta 14 años de prisión.
La Fiscalía General de la República tiene 26 casos pendientes por desvíos de Javier Duarte y están perdidos más de 60 mil millones de pesos.
Entre los imputados se encuentran dos extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno Duartista, Tomas Ruiz González y Fernando Charleston Hernández. Los otros dos implicados son los exsubsecretarios de finanzas Gabriel Deantes Ramos y Carlos Hernández Martínez.
Por lo pronto, ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte, devolver 944 millones 398 mil pesos al erario.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que Mauricio Martín Audirac ocasionó un daño a la Hacienda Pública por irregularidades en el pago de la nómina de maestros.
El exfuncionario fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades cometidas en su encargo y detectadas en la revisión de la cuenta pública 2014.
Aunque también se asegura que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, condenado por el caso del desvío de recursos en su estado a través del uso de múltiples empresas fantasma, podría solicitar su libertad en los próximos días.
Lo anterior es luego de que ya cumplió la mitad de la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, situación que le abre la puerta – de acuerdo con lo que marca la ley – para acceder al beneficio de la libertad condicional.
No se trata de un beneficio que anule el resto de la condena, pero sí representa la posibilidad de que el exgobernador la cumpla portando un brazalete electrónico en Ciudad de México y/o estando sometido a una reclusión domiciliaria. Pero todo ello fuera de la cárcel.
Cabe señalar que Javier Duarte tiene abierto otro proceso en curso por hechos de corrupción a nivel local, pero por estos casos no se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. A su vez tiene una orden de aprehensión girada en su contra por desaparición forzada, pero la misma no se le ha podido cumplimentar, porque no formó parte del paquete de delitos iniciales por los cuales se le extraditó.
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