A medida que se acerca el final del sexenio el país se encamina hacia una ruta de turbulencia política y social cada vez más evidente.
Por un lado, en su afán por llevar a la práctica los postulados de la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha concentrado la toma de decisiones en detrimento de las instituciones públicas, reeditando en los hechos una vuelta a la era del presidencialismo exacerbado.
Apenas esta semana el mandatario anunció que después del 10 de abril – lo que significa que da por hecho que ganará el “que siga” en la consulta de revocación de mandato y que ya tiene una agenda posterior a esa fecha – enviará una iniciativa de reforma electoral para, entre otras cosas, proponer que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos por el pueblo.
La reforma de López Obrador también se propone desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales, OPLES, para concentrar sus atribuciones en un INE federalizado, así como reducir el financiamiento público de los partidos políticos y las diputaciones federales y senadurías plurinominales.
Por su relevancia, queda claro que se trata de la reforma política más importante de la llamada Cuarta Transformación de todo el sexenio. Sin embargo, también es un hecho que por tratarse de una reforma constitucional requiere de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
Y el problema es que, hasta el momento, los partidos que integran el bloque de la coalición “Juntos Haremos Historia”, hoy en el poder, de Morena, PT y PVEM juntos, no suman la mayoría necesaria, por lo que se requiere construir acuerdos y consensos con los partidos de oposición, como el PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano para sacar adelante las reformas constitucionales, incluso las que están en marcha, como la reforma eléctrica, algo que los operadores del régimen no han logrado concretar.
Así que, una vez superada en abril la consulta de revocación de mandato, para lo que resta del año el debate político estará centrado en el tema de la reforma electoral, lo que necesariamente meterá más ruido en torno a la confrontación del régimen con los actuales integrantes del Consejo General del INE, con el agravante de que la 4T buscará endosarle la factura por los resultados de la consulta del 10 de abril, en el caso de que lo prevalezca sea el abstencionismo.
Por otro lado, el modelo de gobierno implementado por el régimen de López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018 ha sido diseñado para concentrar la toma de decisiones, de tal modo que todo se mueve en función de la agenda establecida por el Presidente, pero como lo afirmó recientemente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial de la izquierda, lo que falta es buscar un diálogo con los actores políticos, productivos y sociales que permita construir consensos en torno a un proyecto de nación.
Y ese es precisamente el fondo del asunto, que para construir consensos en torno a un proyecto de nación se requiere buscar el diálogo con todos los actores políticos de manera horizontal y poner en práctica un proceso democrático de toma de decisiones, en un marco de respeto a la ley.
Algo que tiene que ver con el método, pero también con la forma y fondo de un gobierno democrático, comprometido con la igualdad social, dentro de un Estado de derecho.
