Qatar cierra el proceso penal contra mexicana condenada a 100 latigazos

En un momento en el que Qatar se abre al mundo con un Mundial de fútbol en el horizonte, una mexicana denunció cómo las mujeres pueden llegar a ser muy vulnerables en ese país islámico en un caso judicial que este domingo dio un giro favorable para la joven.
Paola Schietekat llegó a Doha en febrero de 2020 para trabajar para el gobierno qatarí en la organización de la Copa del Mundo Qatar 2022.
Después de un año y medio de vivir ahí, cuenta que fue víctima de una agresión.
Pero cuando acudió a las autoridades para presentar la denuncia, el caso se volvió en su contra: fue acusada de “sexo extramarital”, un delito bajo la ley islámica sharía.
Sobre la joven de 27 años se impuso una condena de siete años de prisión y 100 latigazos. Como alternativa, le dijeron, podía evitar esa pena si se casaba con su agresor.
“Después de este proceso, caí en cuenta de que, a pesar de mis grados académicos, preparación profesional, independencia financiera y a pesar de trabajar para el gobierno qatarí, soy vulnerable a las violaciones de derechos humanos de instituciones arcaicas y abusivas, e incapaz de encontrar protección en mi consulado”, denunció Schietekat en una publicación de Facebook en la que expuso lo ocurrido.
La joven pudo salir de Qatar el año pasado, pero desde entonces afirma que no se ha hecho justicia en su caso y que su agresor está libre.
Y advierte que los mexicanos, y también grupos vulnerables como las mujeres y las personas LGBT que visiten ese país por el Mundial a finales de este año, podrían ser víctimas del sistema qatarí.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió con ella en febrero y aseguró que pondrían a su disposición el mejor abogado para defenderla.
Ella lamentó que el apoyo no había llegado hasta que su caso comenzó a aparecer en los titulares de los noticieros y la prensa mexicana e internacional.
Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana anunció este domingo que Qatar había cerrado el proceso penal contra Schietekat después de que el juez tomara en consideración los argumentos de la defensa.

SU DENUNCIA DE AGRESIÓN

Radicada en Medio Oriente desde 2019, Schietekat se mudó a Qatar en febrero de 2020 para trabajar como economista para el Comité Supremo, la entidad encargada de la organización del Mundial Qatar 2022.
Era un trabajo soñado, como ella misma decía, hasta que quedó interrumpido abruptamente el 6 de junio de 2021.
Según la denuncia de la joven mexicana, por la noche y mientras dormía, un conocido suyo de la comunidad latina en Doha entró por la fuerza a su departamento y la agredió físicamente.
El presunto ataque le dejó varias lesiones en el brazo y el abdomen, señaló.
Acudió a la policía para denunciar la agresión, pero el insuficiente dominio del árabe y la falta de asesoramiento del consulado mexicano, o un abogado externo, siempre según su relato, pronto le complicaron las cosas.
“El cónsul no me asesoró sobre cómo mi denuncia podía ser usada en mi contra”, le explicó la joven a la prensa mexicana.
Y es que al buscar llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas, como le recomendó el cónsul mexicano en Qatar, Luis Ancona, la ley islámica pone a las mujeres en una posición de desventaja frente a los hombres.

ACUSADA DE “ZINA”

Su agresor fue llamado a comparecer ante las autoridades, pero usó un argumento que le favorecía: aseguró que tenía una relación con Schietekat.
“Aunque no existía evidencia para respaldar su acusación, tampoco hubo presunción de inocencia para mí. Y de ser víctima, las autoridades me trataron como criminal”, indicó la joven.
Según la SRE de México, las autoridades qataríes iniciaron una investigación “que resultó en la acusación a la connacional y a su agresor del delito de zina”.
Así es como se define a las relaciones sexuales fuera del matrimonio o prematrimoniales, las cuales se castigan con hasta siete años de prisión y 100 latigazos.
“La legislación qatarí castiga severamente algunas conductas bajo el código religioso (sharía)”, explicó la SRE.
En el proceso, la policía intentó someterla “a una prueba de virginidad”, lo cual Schietekat calificó como un “acto deshumanizante, humillante y revictimizante” del que se pudo librar presentando forzosamente un acta del divorcio por el que pasó anteriormente.
“La Fiscalía me liberó con la condición de que dejara mi celular a su disposición para culminar la investigación sobre el caso de ‘fornicación'”, expuso.
Si bien quedó en libertad provisional, ocurrió lo mismo con su supuesto agresor, por lo que ella temía por su integridad si permanecía en el país.

EL APOYO DE MÉXICO

Schietekat señaló que la embajada de México en Qatar le brindó “acompañamiento” en un inicio, pero lo hizo “con un desconocimiento notorio de la cultura, leyes y lenguaje local, lo que facilitó la mala impartición de la justicia”.
“El apoyo que recibí por parte del cónsul fue mínimo y desdeñoso”, manifestó, y agregó que una vez que contrató a una abogada externa, las autoridades mexicanas la dejaron a su suerte e incluso desestimaron los temores de agresión del hombre denunciado.
Ante los contactos del agresor por redes sociales, le sugirieron “cerrar la puerta y seguir en compás de espera”, aseguró la joven en su denuncia pública.
Por su parte, la Cancillería mexicana señaló en un comunicado emitido en febrero que la embajada “ha brindado acompañamiento a la connacional y se ha asegurado de que se respete el debido proceso, de conformidad con las leyes vigentes en ese país”.
Para ella, ese comunicado tuvo “el objetivo de invalidarme. En ningún momento se expresaba un poco de empatía. Había declaraciones falsas”, dijo.
Muchos mexicanos expresaron entonces su apoyo a Schietekat, quien dijo que esperaba que se hiciera justicia en su caso e incluso valoraba la posibilidad de volver a Qatar.
Este domingo, la SRE informó que el proceso judicial abierto contra la mujer había concluido “favorablemente” después de que el juez considerara los argumentos de la defensa en una audiencia celebrada ese mismo día.
A la vez, insistió en que Schietekat contó con apoyo del gobierno mexicano, que “cubrió los honorarios de su abogada para la etapa procesal del juicio y robusteció su defensa con el apoyo de la Consultoría Jurídica de la SRE”.

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