La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) seguirá vigente, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la reforma aprobada en marzo de 2021.
En una sesión inusual que se extendió por más de cinco horas, las ministras y ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y Luis María Aguilar Morales se pronunciaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la norma relacionados con el despacho y suministro de energía eléctrica.
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Pardo Rebolledo destacó que la norma desplaza del mercado a centrales eléctricas y productores que podrían resultar más eficientes.
“Los productores se verán desplazados por este régimen legal, aunado a que esta prelación ira a las empresas que se dediquen al sector eléctrico a participar en el mercado eléctrico nacional y, en segundo lugar, a los consumidores, pues esta situación genera que se desincentive que los costos de la luz no sean los más económicos para los usuarios finales”.
Por su parte, Aguilar Morales destacó que la legislación impugnada crea una barrera a la libre competencia que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“El sistema normativo impugnado impone una barrera a la competencia y libre concurrencia que exige el texto constitucional, pues con el motivo del despacho de las centrales, no será resultado de un proceso competitivo entre agentes económicos en el que se privilegie la eficiencia económica, sino de una regla establecida desde la propia ley que favorece a la CFE, aun cuando dicha empresa debe competir en igualdad de condiciones en el sector de generación y comercialización de energía eléctrica”.
A favor de declarar la constitucionalidad de la LIE, votaron las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, así como el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien tuvo el voto decisivo para que no prosperara la declaratoria de inconstitucionalidad, voto que justificó al argumentar que no se pueden tomar decisiones con base en preferencias ideológicas.
“Nuestra labor no es evaluar la pertinencia de su diseño, las bondades de su modelo económico o la conveniencia de su regulación, mucho menos nuestra coincidencia ideológica; nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados”.
Por su parte, Esquivel Mossa aseveró que con la reforma del 2013 se le da un trato discriminatorio a la CFE, cuya ruina no se ha logrado revertir.
“Hoy, siete años después, el objetivo de la reforma que era evitar la ruina de la CFE no se ha logrado, ya que los grandes usuarios calificados tampoco son sus clientes y los que sí lo son, pertenecemos a los más de 40 millones de usuarios domésticos de bajo consumo que no les interesa a los privados”.
Asimismo, la SCJN no alcanzó la mayoría de los ocho votos para invalidar las disposiciones relativas a los certificados de energías limpias y temas ambientales.
