Las infancias migrantes son un actor global cada vez más visible dada su magnitud y significancia. Desafortunadamente, más allá de informes especializados, titulares ocasionales y fotos virales, la voz de las infancias migrantes en un mundo adulto céntrico e indolente hace ecos entre el silencio y las múltiples violencias de la barbarie de la sociedad contemporánea. Las y los infantes emigrados, desplazados, exiliados, en tránsito, retornados y repatriados son, antes que nada, infantes, y en segunda instancia, seres humanos y no importa por qué abandonaron su hogar, cuál es su origen, dónde se encuentran o cómo llegaron hasta ahí.
Infante, término procedente del vocablo latino infans, se refiere a quien es incapaz de hablar: desde la más tierna edad, las infancias se enfrentan al reto del desarrollo de las más plenas facultades humanas en la sociedad. Es a través del proceso de maduración, en el que el contexto es un factor decisivo, que se conquistan diversas facultades —incluyendo la voz— que les permiten exigir derechos. Esto no quiere decir que las infancias sean pasivas o carezcan de agencia; todo lo contrario, este es un llamado a entender la importancia de la tierna edad en el desarrollo y el bienestar, en la libertad y la seguridad [ver recuadro], en la cultura de derechos. Como infantes, todas las niñas, niños y adolescentes del mundo deben recibir el mismo trato, sea cual sea su origen, su trayectoria, sus aspiraciones o la razón que les obligó a dejar sus hogares.
Estamos ante una coyuntura de perfiles cambiantes de las personas que migran. Originalmente eran hombres adultos, pero crecientemente se han convertido en varones adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas, niñas y niños. Los flujos se han complejizado, las rutas se han sobrecargado de violaciones de derechos humanos, vulnerabilidades, obstáculos, violencias, persecuciones, ilegalidades diversas y abusos por parte de las fuerzas del Estado y del crimen organizado.
En América Latina y el Caribe hay más infancias migrantes que en cualquier otra región del mundo (veinticinco por ciento, comparado con el promedio mundial de quince por ciento) y están en creciente riesgo (UNICEF, 2023). Consideremos además que, frente a estos escenarios, la gran mayoría de personas se movilizan por necesidad, no por gusto.
Hoy el número de personas refugiadas es el más alto tras la Segunda Guerra Mundial, debido a los nuevos conflicto. En 2016 eran cincuenta millones de infantes “desarraigados”, que escaparon a la violencia o a la inseguridad en sus lugares de origen. Tan sólo en 2022 los infantes refugiados en edad escolar aumentaron casi un cincuenta por ciento con respecto del año anterior y van cada vez más solos y con menos recursos a encarar la desesperanza, el desprecio, el miedo, la impotencia, la indolencia, la soledad (UNICEF, 2017). Infantes a los que la sociedad de origen, el tránsito y la acogida o el retorno les cortan las alas. Infantes que constituyen un tercio de la población mundial, pero que son la mitad de las personas refugiadas quienes, si sobreviven siendo refugiados, viven en promedio dos décadas; que viven en los países menos desarrollados del mundo, en naciones de renta baja y media que, en lugar de subir sus muros, les abren una pequeña ventana de esperanza porque en este “mundo feliz”, son los más pobres quienes soportan los costos de las poblaciones desplazadas.
Más allá de la “ciudadanía de segunda”: desarrollo integral y educación
En la década de los noventa se discutió el concepto de “pobreza perversa” (Álvarez & Oswald, 1993) para referirse a ciudadanos con desnutrición crónica materno infantil que condenaba a infantes a una “ciudadanía de segunda”, ya que su desarrollo estructural y cerebral, al no contar con elementos de crecimiento, quedaba trunco y con daños permanentes. La globalización de la modernidad tardía, también llamada neomodernidad (por las promesas tecnológicas con sus frutos parciales), se caracteriza por el desencanto ante la injusticia social, la desigualdad, la exclusión y la marginalidad. En sus múltiples dinámicas migratorias, esta globalización neomoderna también tiene implicaciones de “ciudadanía perversa” y barbarie, dado que no hay posibilidades sistémicas de integración, desarrollo ni bienestar sostenido para las infancias. Ante la fragilidad de los Estados y la negligencia de la sociedad en su conjunto, cabe preguntarse: ¿en qué categoría colocamos a las niñas, niños y adolescentes que ni a ciudadanía pueden aspirar o cuyos derechos humanos básicos como ciudadanos del mundo se violentan sistemáticamente? Por ejemplo, tan sólo en relación con los trastornos de desarrollo y neuronales más significativos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) censa una prevalencia de esquizofrenia de uno por ciento como promedio, con independencia de la cultura. Empero, entre las poblaciones migrantes la cifra es de tres a cinco por ciento en la cultura de acogida. Aun transgeneracionalmente existe la llamada epigénesis negativa en la “paradoja de segunda generación”, en la que aun descendientes de inmigrantes de segunda generación sufren más mentalmente y se suicidan más (Cyrulnik & Anaut, 2016, pp. 13, 19).
La infancia alada, sagrada, que se debe cultivar desde el bienestar y buen trato en favor de la humanidad en su conjunto, se convierte en niños, niñas y adolescentes traumatizados por los factores de expulsión, los conflictos, la ansiedad y el estrés crónico; por la constante incertidumbre, y los dilemas permanentes; por una cotidianeidad de discriminación, soledad, aislamiento e inseguridad. Estos infantes que son expulsados de sus lugares de origen por escenarios de terror y violencias enfrentan miedos, peligros en el camino y falta de servicios básicos para sostener la vida (por ejemplo: ahogamiento, deshidratación y desnutrición, carencia de agua y alimentos, infecciones, enfermedades múltiples, inseguridad, robos, retención, extorsión, ser víctimas de trata, de secuestros, de violaciones y violencia sexual, de tortura, asesinatos…). A su vez, son revictimizados por la exclusión, la falta de oportunidades, la xenofobia, la discriminación, la desatención, el trato injusto, el hacinamiento, los bajos niveles educativos, el acoso, la precarización, la imposibilidad de construir un patrimonio legítimo, aunque contribuyan con impuestos y trabajo social y comunitario, el subempleo y desempleo a largo plazo en los lugares de acogida y de retorno.
Un infante refugiado tiene cinco veces más probabilidades de no asistir a la escuela; de hecho, más de siete millones de niños refugiados no van a la escuela. En el mundo hay actualmente quince millones de refugiados en edad escolar, más de la mitad no recibe educación formal. El cuarto objetivo de desarrollo sustentable (ODS4) dice que se debe “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos”, lo que implica prosperar en beneficio de sí mismos y de los países de origen y de acogida. Según el nivel escolar, la matrícula de refugiados es de treinta y ocho por ciento en preescolar, sesenta y cinco en primaria, cuarenta y uno en secundaria y apenas seis por ciento en terciaria. Es indispensable mejorar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes afectados por crisis, construir sistemas educativos resilientes a las crisis, ampliar políticas y programas nacionales eficientes para alcanzar a aquellos que son refugiados y mantener y aumentar el financiamiento externo para todos los estudiantes, como prioridad de los planes nacionales de educación (ONU, 2023). Es el presente de las infancias y el futuro de la humanidad, ni más ni menos, lo que está en juego.
A propósito de calidad de vida, compromisos internacionales y aprendizajes de largo plazo, México es el país con la frontera más porosa del mundo, en la que históricamente hemos sido criminalizados por migrar y ahora nos da por criminalizar a nuestras hermanitas y hermanitos del sur y del resto del mundo en su propio andar. Estados Unidos y México expulsan a las infancias migrantes, acompañadas y no acompañadas, que huyen de las violencias en sus lugares de origen, deportándoles, separando y desintegrando familias, abusando sistemáticamente de sus derechos humanos. Esto se exacerba por factores microrregionales, interseccionales, interculturales y de género, en un país en el que las violencias normalizadas se socializan en las infancias.
México es de por sí el primer lugar mundial en violencia sexual y homicida entre niños, niñas y adolescentes en el mundo. En todo momento conviene recordar que en esta sociedad adulto céntrica, centrada en una retórica de derechos humanos pero rebasada por sus propias limitaciones y violencias estructurales, culturales, visibles e invisibles, directas e indirectas, en la que las infancias se consideran ciudadanía sin voto y las infancias migrantes tienden a despreciarse, en el que se maltratan y vulneran sistemáticamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes desde silencios cómplices y una pedagogía sistémica y sistemática de la crueldad, la exclusión y la opresión, ¿quiénes van a construir el futuro del mundo y de qué manera? Estas niñas, niños y adolescentes que dibujan monstruos de colores y juegan para expresarse y arroparse, “tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad” (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014, artículo 46).
Derechos de niñas, niños y adolescentes
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014, artículo 13, pp. 7-8.
Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;
Derecho de prioridad;
Derecho a la identidad;
Derecho a vivir en familia;
Derecho a la igualdad sustantiva;
Derecho a no ser discriminado;
Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
Derecho a la educación;
Derecho al descanso y al esparcimiento;
Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
Derecho de participación;
Derecho de asociación y reunión;
Derecho a la intimidad;
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
