En una entrevista exclusiva desde España hasta Veracruz, el presidente estatal de +Vida+Familia Veracruz, Eduardo Segovia, lanzó una denuncia minuciosa, respaldada por cifras concretas, sobre el verdadero rostro del Congreso local: simulación legislativa, incompetencia estructural y un desprecio abierto tanto por la vida como por las libertades fundamentales.
Durante la conversación, Segovia puso sobre la mesa el profundo vacío de representación social que caracteriza a la LXVII Legislatura, dejando al descubierto un patrón sistemático de negligencia, ideologización y frivolidad en el ejercicio del poder público.
Legisladores que simulan legislar
«Calificamos al Congreso como simulador porque los hechos así lo demuestran», afirmó Segovia. Con apenas 27 iniciativas sometidas a votación —de un total de 94 presentadas— y 10 de ellas enviadas directamente por la gobernadora Rocío Nahle, el Congreso ha evidenciado un alarmante rezago legislativo.
El análisis económico resulta aún más escandaloso. Con un presupuesto superior a los 800 millones de pesos en 2025, cada iniciativa presentada ha supuesto un coste al erario de más de 6,3 millones de pesos, mientras que cada una de las iniciativas votadas —excluyendo aquellas obligatorias por mandato del Ejecutivo— ha costado más de 34 millones. «¿Ese es el valor de una idea? ¿Ese es el precio real de su trabajo legislativo?», cuestionó.
Cúpulas sin formación ni legitimidad representativa
Segovia fue tajante al señalar que quienes hoy encabezan el Congreso carecen no solo de legitimidad popular, sino incluso de la formación más elemental para ejercer cargos de alta responsabilidad. «Tanya Carola Viveros preside la Mesa Directiva sin haber concluido una carrera universitaria, y Astrid Sánchez accede por vía plurinominal, sin representar a nadie ni rendir cuentas ante ningún electorado», subrayó.
Ya había emitido críticas en su anterior comunicado hacia otros funcionarios como Valentín Herrera (Secretaría de Salud), Zaira del Toro (IVM), Clara Mora (DIF estatal) y demás operadores de una estructura institucional que —según denuncia— prioriza el activismo ideológico frente al bien común.
El aborto como cortina de humo ideológica
Uno de los puntos más polémicos abordados en la entrevista fue la acusación directa al Congreso de «abrazar la cultura de la muerte» al priorizar agendas ideológicas como el aborto, «jactándose de un logro tramposo» consumado en 2021, cuando se modificó el Código Penal sin reformar la Constitución local.
«No les veo legislando sobre la crisis de inseguridad o el colapso del sistema sanitario en Veracruz, ni sobre ningún otro asunto de interés público real», recriminó.
Anteriormente, Segovia ya había recordado además que, a partir de la iniciativa popular SÍ VIDA, respaldada por más de 25.000 firmas certificadas ante notario, se logró una reforma histórica del artículo 4.º constitucional para reconocer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como valor supremo que sostiene todos los demás derechos. «El aborto no tiene legitimidad social, y presentarlo como un “derecho” es una mentira que se repite desde los mismos sectores de siempre», añadió.
Objeción de conciencia: derecho bajo amenaza
Entre las denuncias más graves de la entrevista se encuentra el anuncio de la diputada Viveros, quien sugirió avanzar hacia la restricción de la objeción de conciencia dentro del sistema de salud. «Esto no es una mera cuestión administrativa. Es un ataque frontal contra las libertades fundamentales, la ética profesional y la dignidad humana», advirtió el presidente de +Vida+Familia.
Segovia explicó que eliminar esta garantía abriría la puerta al hostigamiento laboral y a la persecución ideológica contra médicos, enfermeras y otros profesionales que, por razones éticas, religiosas o filosóficas, se nieguen a participar en prácticas como el aborto.
Solo porque los diputados y sus colectivos aliados no tienen una conciencia moral, no significa que los demás no la tengamos», sentenció.