El gobierno mexicano ganó una demanda contra el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna para exigir la reparación del daño a la nación.
El ex funcionario detenido en Estados Unidos deberá pagar casi 746 millones de dólares al gobierno méxicano
Los recursos saldrán, principalmente, de las propiedades incautadas a la pareja en Estados Unidos.
Y es que tras la detención de García Luna, las autoridades estadounidenses aseguraron, al menos, 19 inmuebles que se encuentran en zonas exclusivas de Florida valuados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en 17.9 millones de dólares.
Se trata de mansiones lujosas con elevador incluido y departamentos en edificios de Miami con vistas al mar, 14 de las 19 propiedades se ubican en aventura.
De acuerdo con la UIF, cuatro de las propiedades aseguradas fueron compradas por la empresa “Delta Integrator LLC”, fundada en 2013 y relacionada directamente con Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna.
Su valor supera los 2.4 millones de dólares y son cuatro departamentos localizados en el mismo edificio.
El resto de los inmuebles fueron adquiridos por empresas o personas vinculadas al ex secretario de Seguridad Pública.
La propiedad más cara es una mansión de más de dos mil metros cuadrados que cuenta con seis cuartos y 7 baños, elevador propio y alberca con clima.
El 22 de mayo pasado, una corte de Miami, Florida, ordenó a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar casi 746 millones de dólares al gobierno de México.
¿Pero cómo logró García Luna hacerse de estas lujosas propiedades? Éste era su modus operandi:
Empresas vinculadas a la red de García Luna con operaciones en varios países obtuvieron, al menos, 30 contratos con instituciones de seguridad pública como la Policía Federal o el Centro Nacional de Inteligencia, el Cisen.
Destaca un contrato firmado entre el órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social y la compañía “Nunvav Inc” por 171 millones de dólares para instalar servicios integrales y seguridad electrónica en el complejo penitenciario federal Papantla.
La firma se realizó en abril de 2012, durante los últimos meses de gobierno de Calderón.
En la administración de Peña Nieto, en abril de 2014 se signó otro convenio entre el Cisen y la compañía “Nunvav Technologies Inc” por 170.9 millones de dólares para adquirir y configurar comunicación.
Pero estos convenios sólo eran la fachada para extraer los recursos públicos que fueron a parar al extranjero, principalmente a paraísos fiscales y a la compra de los bienes muebles hoy incautados.