A unas semanas de que el pleno del Congreso local discuta y vote la iniciativa de ley de la Fiscalía General del Estado que busca reducir de nueve a cuatro años el período de gestión del Fiscal General y modificar el proceso de designación de el o la titular, eventualmente, se abrirá la posibilidad de evaluar la permanencia o no de la actual Fiscal General.
Habría que recordar que la actual Fiscal asumió su encargo en septiembre de 2019 y fue ratificada en Mayo de 2020 para un periodo de nueve años, que concluiría en 2029. Sin embargo, con la Reforma, se busca la reducción del periodo a cuatro años, con posibilidad de reelección condicionada al cumplimiento de objetivos.
De ser aprobada la reforma, también se modificaría la facultad exclusiva del Congreso local para remover al Fiscal General, permitiendo que el Ejecutivo estatal pueda proponer su remoción por causas graves.
Es en este contexto que han comenzado a perfilarse los nombres de abogados expertos en derecho penal, que sin duda podrían dar excelentes resultados para la procuración de justicia en beneficio de Veracruz y los justiciables.
Una de ellas, surgida desde el ámbito de la sociedad civil, aunque plenamente identificada con el pensamiento de izquierda es la Maestra en Derecho Penal Dulce María Romero Aquino, quien por su perfil, preparación y trayectoria, sería una fiscal de hierro para Veracruz, pero respetuosa de los derechos humanos.
Romero Aquino es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con Maestría en Derecho Penal por la Universidad de Tlaxcala y Certificación en el Nuevo Sistema Acusatorio Oral Adversarial por el Sistema de Implementación del Nuevo Sistema Penal de la Secretaría de Gobernación.
Ha sido catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Xalapa y en la UPAV, campus Orizaba, donde también imparte la materia de Derecho Procesal Penal. Fue Agente del Ministerio Público Conciliador e Investigador en Xalapa; Presidenta Municipal de Ciudad Mendoza, donde su gestión fue calificada como intachable, y ha sido abogada litigante.
Romero Aquino es presidenta del Foro Metropolitano de Abogados y desde diciembre pasado funge como Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, que anualmente gestiona más de 10 mil casos laborales en el estado.
Desde este espacio ha buscado avanzar en la digitalización de los procedimientos y en la resolución eficiente de los conflictos pendientes, reforzando la mediación entre empleadores y trabajadores para preservar la paz laboral en la entidad.
Otro de los nombres que se mencionan es el del abogado, maestro y político, Amado Cruz Malpica, alcalde de Coatzacoalcos.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, se graduó con Mención Honorífica. Tiene Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Valle del Grijalva y experiencia como abogado laborista.
Cuando en Petróleos Mexicanos se habló de liquidaciones, Cruz Malpica tomó la defensa de los trabajadores llevando a buen término las múltiples demandas que los obreros presentaron en contra de la paraestatal.
También impartió cátedra en la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos, en el sistema de Enseñanza Abierta.
Fue Diputado Federal por el PRD en el período 1994-1997 y diputado local en dos ocasiones, liderando el primer grupo legislativo de Morena en la entidad. En su segunda gestión como legislador estuvo al frente de la Comisión del Corredor Interoceánico y Desarrollo Económico, desde la cual dio seguimiento e impulsó el proyecto del Corredor Interoceánico.
Así las cosas, tanto Dulce María Romero Aquino como Amado Cruz Malpica, son dos cuadros de primer nivel que podrían oxigenar la procuración de justicia en Veracruz.