Disputa por herencia de Socorro Romero sacude a poderosa familia de Tehuacán; 600 millones de dólares en juego

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El viernes 10 de abril, en Tehuacán, Puebla, un Juez de Oralidad y Ejecución impuso arraigo domiciliario a Estela Romero Bringas de 86 años, y a Ramiro N, titular de la Notaría 2, al ser presentados por su presunta implicación en fraude relacionado con la sucesión de bienes de la empresaria Socorro Romero Sánchez, que la décadas de 1970 y 1980 consolidó uno de los mayores emporios de producción de huevo en el país, la herencia está valuada en más de 600 millones de dólares.
La denuncia fue interpuesta por Olga Romero García-Crespo, quien reclama derechos sobre multimillonaria herencia valuada en dólares, que incluye inmuebles, cuentas bancarias, acciones y la empresa avícola SRS.
De acuerdo con la causa penal 0121/2026, se investigan posibles irregularidades en el testamento y la posesión de los bienes, Estela N es presuntamente sobrina del fallecido, mientras que la detención de los señalados ocurrió el 9 de abril durante un operativo con participación de autoridades estatales y federales.

*Los vincularon a proceso

Este sábado 11 de abril, el Juez de causa vinculó a proceso a Estela Romero Bringas y al notario Ramiro Rodríguez Maclub, por presunto el delito de fraude genérico relacionado con la herencia de más de 600 millones de dólares de la empresaria Socorro Romero Sánchez.
También determinó que permanecerán bajo arraigo domiciliario mientras continúa la investigación; la denunciante, Olga Romero García-Crespo, no acudió a las audiencias.
¿Quién es Socorro Romero?
Socorro Romero Sánchez fue una destacada empresaria avícola de Tehuacán, Puebla, que durante más de 60 años construyó un emporio empresarial —Grupo SRS— y una fortuna estimada en 600 millones de dólares. Tras su fallecimiento en 2009, sin descendencia directa, surgió una disputa familiar por la herencia, ya que su testamento designa como heredera universal a su sobrina Estela y como albaceas a los hijos de ésta.
Sin embargo, otros familiares cuestionan su validez debido a que fue firmado dos días antes de su muerte, cuando presuntamente la empresaria se encontraba inconsciente, además de existir movimientos previos de acciones empresariales a favor de los beneficiarios, lo que ha intensificado el conflicto legal.