Ahora que se aproxima la consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes de la República por hechos del pasado -a celebrarse el inminente 1 de agosto -, los aludidos y beneficiarios de la democracia dirigida, si no han puesto sus barbas a remojar cuando menos bajan la mirada del pedestal en el que han vivido por años.
De una u otra forma el hecho de haber llegado al poder en medio de tantos intereses los coloca, en la escala del poder constitucional, en lo más alto y desde allí, les parezca o no, ahora asoman al descrédito creciente y en una de esas obligados hasta contratar despachos de defensa antes de visitar los centros de readaptación social.
En esa tesitura se encuentran cronológicamente los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador la trae parejo con cada uno de ellos, al igual que su partido Morena, por distintas razones.
Ninguno se salva a su mirada, experiencia y antecedentes históricos, a quienes responsabiliza por encauzar la tan traída y llevada política neoliberal y actos inocultables de corrupción y hasta fraude electoral, que a su juicio empobrecieron más a México.
Incluso ahora considera que por haber privatizado la educación al país le faltan muchos profesionales, en particular médicos, como lo dijo el anterior sábado, razón suficiente para que los antecesores puedan ser enjuiciados.
De la consulta popular a las presuntas responsabilidades que se les finquen hay un evidente largo trecho y en las maromas legales veremos muchos capítulos cuando inicien las respectivas acusaciones.
Es obvio que han pasado muchos años y han desaparecido muchas evidencias de la tremenda corrupción e impunidad que afectaron al país.
Veremos cómo le sale este movimiento político al presidente mientras vemos a los nominados presidenciales de su partido, los nombrados y los que se auto apuntan que por cierto ya andan irremediablemente desatados, ahora o nunca jamás.
ATRAQUES
- Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, enfrenta una sexta denuncia junto con 11 personas físicas y 34 empresas relacionadas con la famosa firma brasileña Odebrecht, por desvío de recursos públicos entre 2012 y 2016, que fueron a parar a manos de funcionarios y a campañas electorales. Como tres mil millones nada más. Y vaya que saldrán chispas de esto.
- La política de seguridad del gobierno federal está encauzada a las causas que generan la violencia, en especial dar atención a siete millones de jóvenes que como diría el doctor José Ramón Narro Robles, ni estudian ni trabajan y son flanco de la delincuencia, por cierto desatada, la organizada y la común.
- Por fin la inflación comienza a ceder, al menos a estabilizarse, ya ni se diga acudir a un mercado o centros comerciales, los precios de algunos productos básicos, disparados.
