¿A que se debe la inoperancia de los organismos autónomos en los gobiernos democráticos en Mexico?

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Es de todos conocido que la soberanía nacional radica esencialmente en el pueblo de donde emanan todos los poderes del estado, por decisión del constituyente de Querétaro de 1917.

Sin embargo, a más de doscientos años de la promulgación de la Constitución Política, a la fecha de este tiempo carga en su espalda ya casi cerca de 800 reformas al texto constitucional, muchas de ellas, caprichosas por mandato presidencial y que en nada han favorecido al pueblo mexicano, empezando por el desmoronamiento del monopolio del estado en sus áreas estratégicas, como lo son la reversión de la tierra ejidal, servicios de telecomunicaciones etc, ampliamente criticado por estudiosos y por otros militantes políticos de oposición que ahora, estando en el poder, les cambió la brújula y el sentido común por el bien particular y se aprestan a privatizar los pocos recursos naturales que quedan, tales como el líquido vital de subsistencia “el agua”, lo que nos lleva a una seria reflexión entre lo viejo de nuestra Constitución y lo nuevo o modernidad.

No debemos olvidar que para llegar al estatus actual, las instituciones que se albergan en suntuosos palacios y edificios fueron creados por viejos regímenes y que ahora están sentados y habitados por los nuevos gobiernos, por lo que, los mexicanos, por más que nos aferremos a ideologías imaginarias o de pensamiento monárquico, no podremos menospreciar el bienestar común o el de los más pobres, como ahora se pronuncia, los operadores jurídicos del estado.

En ese contexto muchas críticas se vienen haciendo sobre los organismos defensores de la justicia social que incumplen con sus funciones y más el quebranto del estado de derecho entre los que debemos pensar que uno de los tres poderes del estado el Poder Judicial Federal, es el de mayor importancia, por ser un contrapeso y porque sostiene en sus manos la balanza de la justicia y la correcta aplicación de los derechos de los mexicanos, el cual siendo par entre los poderes Ejecutivo Federal, y Congreso de la Unión, tienen a su cargo vigilar el estado de derecho democrático, garante de los derechos humanos de los gobernados.

Así han pasado muchos años de historia siendo intocable la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, su trascendental importancia en la vida política, económica y social, este poder es el que tiene la potestad de contar con las cuatro virtudes de los seres humanos y por tanto es el de mayor jerarquía, guste o no, por su alta responsabilidad y encomienda constitucional de salvaguardar el estado de derecho.

Sin embargo, en esta vida nada es perfecto y aún con tanta virtud, no ha logrado dar la justicia con honestidad, institucionalidad, imparcialidad y eficiencia, que el pueblo le reclama. Como ejemplos, sólo menciono uno que seguro le agradará al C. Presidente de los Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, “FOBAPROA”, otro “EL ANATOCISMO”, en ese estado de cosas, no es una justificación lo que el suscrito hace de estos graves problemas de evidente conflicto de interés, pero nos lleva a proponer una solución para que el Poder Judicial Federal pueda gozar de una autonomía genuina, no deben ser nombrados los ministros ni, magistrados y jueces, por el Presidente de la República ni el Congreso de la Unión, puesto que el artículo 39 constitucional determina con diáfana claridad que es una potestad de los ciudadanos mexicanos el elegir a sus gobernantes.

Hasta aquí mi comentario.

Acepto opiniones en liceblo@hotmail.com.

(*) Asesor General del Ilustre Colegio de Abogados del Estado de Veracruz A.C.

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