El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es de los mandatarios integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que menos productividad tiene.
En 2019, el veracruzano fue nombrado Presidente de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la CONAGO, donde asumió el cargo por supuestamente haber logrado bajar los altos índices de inseguridad con los que recibió la entidad al asumir el cargo.
Sin embargo, tras el nombramiento, el mandatario apenas reporta una participación en reuniones y tres acuerdos de otras comisiones.
Hasta ahora, no tiene ninguna propuesta en prevención del delito donde supuestamente sería experto.
Recientemente se tomaron acuerdos para conocer a los próximos Presidentes de la CONAGO donde el veracruzano no obtuvo un turno; el orden es el siguiente: Alejandro Tello Cristerna, Zacatecas. Omar Fayad Meneses, Hidalgo. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Oaxaca. Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa. Carlos Manuel Joaquín González, Quintana Roo. Alfredo Del Mazo Maza, México. Mauricio Vila Dosal, Yucatán.
Las Comisiones de la CONAGO son los grupos temáticos deliberativos que el Pleno de Gobernadores constituye para el análisis y discusión de los temas relacionados con los objetivos de la Conferencia o de aquellos asuntos que sean de interés de los Titulares de los Ejecutivos Estatales.
Dichos grupos se integran con la participación voluntaria de los miembros de la CONAGO; cuentan con un Gobernador Coordinador y uno Vicecoordinador, los cuales son elegidos por el Pleno de Gobernadores; atienden y desarrollan agendas temáticas particulares, y desahogan los puntos coyunturales que la propia dinámica de trabajo les confiere.
Las Comisiones de la CONAGO pueden sesionar con la participación de sus miembros o a través de representantes designados para tal efecto. Sus reuniones se realizan de manera sistemática y constante y, dependiendo de la participación de sus integrantes.
A partir de su agenda temática y sus respectivos calendarios de trabajo, las Comisiones funcionan como el entorno donde se realizan los proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos, con los cuales se busca deliberar, acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a: política presupuestaria; criterios para la transferencia de potestades y recursos; desarrollo social; seguridad pública; costo de los servicios públicos; políticas de inversión pública, entre otros.
